El sábado 10 de abril, en el departamento de Andalgalá, se realizó una multitudinaria marcha anti minería en reclamos del accionar de la empresa Agua Rica (propiedad de las trasnacionales Yamana Gold, Glencore y Newmont) que impulsa una explotación tres veces más grande que el proyecto de la Alumbrera, en el cordón montañoso El Aconquija.

Durante la marcha, un grupo de manifestantes con sus rostros tapados, comenzaron una serie de disturbios que terminaron con el incendio de las oficinas de la minera Agua Rica.

Ante esta situación, la fiscalía de la segunda circunscripción judicial, a cargo de Soledad Rodríguez, ordenó una serie de allanamientos en el marco de las investigaciones por los disturbios y destrozos, que terminaron con 12 militantes detenidos.

Posteriormente, la Asamblea anti minería El Algarrobo, de Andalgalá, denunció públicamente “allanamientos arbitrarios y violentos” en la casa de vecinos del departamento que se oponen a la megaminería en el lugar.

En respuesta a estas denuncias, el gobernador Raúl Jalil decidió enviar hoy al secretario del Interior, Nicolás Verón; al director de Derechos Humanos, Hernán Velárdez Vaca, y al secretario de Seguridad, Martín Miranda a constatar las condiciones sanitarias y generales de las 12 personas detenidas.

“Nos pudimos entrevistar con los detenidos, poniéndonos a disposición de sus requerimientos, y nos manifestaron que no sufrieron malos tratos por parte del personal policial durante su alojamiento en la comisaria», aseguró el director de Derechos Humanos de la Provincia, Hernán Velárdez Vaca a la prensa.

A su vez, Vaca indicó que también se reunieron con la fiscal Rodríguez “para verificar que los procedimientos se hayan realizado en el marco de las leyes, y ante la denuncia de malos tratos al momento de los allanamientos, les solicitamos a la justicia el cumplimiento de las garantías constitucionales en todo el proceso”.

El funcionario dio a conocer que “en razón a peticiones realizadas por los detenidos; los funcionarios enviados por el Ejecutivo arbitramos los medios necesarios para gestionar y brindarles con premura las condiciones sanitarias y edilicias solicitadas”, indicó.

Los detenidos se encuentran imputados por delitos de “daños violación de domicilio, estrago doloso y hurto calificado”.

Por su parte, la fiscal anticipó que “accederá al pedido para que dos personas cumplan la detención en sus domicilios”.

Las autoridades enviadas por el gobierno provincial se reunieron, también, con el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, para “alcanzar una pacificación de la comunidad andalgalense en un marco de diálogo y respeto”.

Fuente: Télam