En la fecha exacta la normativa fue derogada el 6 de enero del año 2002, y sucedió luego de que el entonces presidente, Fernando de la Rúa, renunciara y cinco mandatarios ocuparan el sillón de Rivadavia en los siguientes días. En cuanto a la llamada “Ley de Convertibilidad” del Austral, fue decretada por el Congreso Nacional el 27 de marzo de 1991.

¿Qué significaba la convertibilidad?

La normativa de la cual se menciona anteriormente se trataba de una relación cambiaria fija entre la moneda nacional y la divisa estadounidense. Antes de la Ley, 1 divisa norteamericana equivalía a 10.000 australes, pero luego por decisión del ejecutivo y su ministerio de economía, la situación cambiaría. Desde el mismo, con el reemplazo de los australes por los pesos argentinos surgió el «1 a 1»; en donde la relación cambiaria fue 1 peso, 1 dólar.

La medida fue impulsada por Domingo Cavallo, quien buscaba una alternativa por combatir la hiperinflación. El plan que por entonces implementaba el Ministro de Economía, estableció una apertura comercial y financiera que permitía usar el dólar para todas las operaciones económicas y además prohibía que el Banco Central financie políticas fiscales expansivas.

En las primeras evaluaciones realizadas encontraron resultados «positivos», se obtuvo un cambio en los números inflacionarios, pasando desde un 1344% en 1990 a un 25% en los primeros 12 meses posteriores a su aplicación.

¿Pero qué consecuencias trajo la Ley de Convertibilidad?

La consecuencia directa del llamado uno a uno fueron los problemas que generó en la industria nacional, además de la desocupación y pobreza poblacional. A raíz de ello, se privatizaron más de 60 empresas, lo que causó que importar fuera más barato que comprar de la producción local. Desde entonces la falta de competitividad que se generó en algunas compañías, derivó en la disolución de gran parte de la industria liviana que había nacido décadas atrás.

El fin de la convertibilidad

A raíz de los efectos negativos producidos por la Ley de Convertibilidad comenzó el proceso de culminación del “1 a 1” en el que desde el Congreso fijaron las condiciones en el cuales sucederían los factores económicos-políticos desde su derogación.

Entre ellos mencionaba que la nueva cotización del dólar correspondería establecer al Poder Ejecutivo, que podría hacerlo por decreto: «el sistema que determinará la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, y dictar regulaciones cambiarias».

Otro de los puntos fundamentales de aquella iniciativa, incluido con el propósito de contener los efectos negativos de la devaluación, es el que permite convertir a pesos la mayoría de los créditos bancarios de hasta 100.000 dólares.