La resolución indicó que los endicamientos que alteran los patrones de inundación naturales propios de los territorios de humedales, constituyen un «daño ambiental» en sí mismo, y generan un riesgo «intolerable» que afecta el sistema ecológico y social circundante.

El expediente administrativo ordena además una serie de medidas «urgentes» para remediar el «daño causado», entre las que se señala «la apertura de los terraplenes, a fin de garantizar la libre circulación de los cursos y cuerpos de agua intervenidos«.

A su vez, intima al productor que alteró un área de 70 hectáreas de la isla del Pillo, en jurisdicción del departamento entrerriano de Victoria cercana al Puente Rosario-Victoria, a que proceda en un plazo no mayor a los 30 días, como parte de un «plan de recomposición ambiental».

«Esta decisión política tan esperada del Poder Ejecutivo entrerriano, marca un punto de inflexión con el manejo de terraplenes ilegales en las islas y va a tener un impacto directo en las causas que se están tramitando en la Justicia«, afirmó a Télam el abogado de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, Fabián Maggi.

«Es un hecho trascendente porque el Gobierno provincial venía haciendo todo lo contrario, siendo permisivo y no fiscalizaba ni controlaba», remarcó.

Consultado sobre las posibles causas del cambio en el accionar de la Secretaría de Ambiente entrerriana, el especialista consideró que «en la resolución se hace mención a una causa judicial, lo que hace presumir que es gracias a el accionar de la Justicia y a la presión social en torno al tema, que las autoridades toman este nuevo temperamento porque nunca habían actuado de esta manera«.

Fuente: Télam