El organismo de control antilavado, querellante en la causa, informó que estas presuntas irregularidades «podrían ser consecuencia de maniobras de delitos contra el medio ambiente y lavado de activos«.

Como querellante en la causa, la UIF «había solicitado ante el juez interviniente la realización de una investigación patrimonial centrada en los flujos económicos de la actividad, para establecer el volumen de los activos generados en beneficio de la asociación y determinar la magnitud del daño ambiental causado».

Durante el allanamiento a la sede central y al estudio contable de la cooperativa se «secuestró documentación del patrimonio de la mutual, así como información ambiental que, estiman, contribuirá en la investigación en curso», según se informó.

En la UIF señalan que «la omisión del tratamiento de los afluentes cloacales que se volcaron sobre el río» permitió a la cooperativa ahorrar «millonarias sumas de dinero, con el consecuente incremento de sus ganancias».

Destacan también que la contaminación generada no sólo pone en riesgo la salud pública sino que sería perjudicial para los terrenos de las zonas aledañas, destinadas a la producción.

Fuente: Télam