El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) declaró de “interés democrático e intercultural” un protocolo para el abordaje de conflictos territoriales que implican a comunidades preexistentes de la provincia de Jujuy, informaron referentes de colectivos originarios.

Se trata del documento diagramado por Consejo de Delegados de las Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya que fue presentado, meses atrás, ante autoridades del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, con el objetivo de generar un mecanismo de acción articulada e interinstitucional para abordar los conflictos en comunidades y así buscar alternativas a la intervención penal.

El referente de la comunidad del Pueblo Ocloya, Néstor Jerez, explicó que el armado del protocolo nació luego de “una serie de fallos y sentencias por parte de Superior Tribunal de Justicia de Jujuy que permitían el avance de una minera que buscaba el despojo de la comunidad de Las Capillas”, ubicada a 35 kilómetros de la capital jujeña.

En ese marco, el dirigente aseguró que el colectivo originario antes nombrado, “cuenta con personería jurídica y carpeta técnica territorial, por lo que el Estado reconoce su preexistencia y tienen derechos sobre los sitios en el que conviven”.

“Con el protocolo, que fue consensuado con múltiples organismos en asamblea, buscamos evitar la vulneración de derechos como ocurre generalmente cuando se trata de la posesión del territorio, el cual habitamos de manera ancestral”, explicó Jerez.

Asimismo, indicó que el protocolo “responde a los lineamientos prescriptos en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), además de la ley 26160 y sus prórrogas”.

En el país conviven más de 40 pueblos indígenas preexistentes que reúne a más de 2.000 comunidades, las cuales trabajan por “hacer respetar los derechos vigentes y seguimos luchando para ello suceda”, enfatizó Jerez.

Finalmente, el referente comunal dijo que se amplía la convocatoria de nuevos organismos, “para que el protocolo, si bien es reconocido en ámbito fiscal local, también sea recepcionado por todo el Poder Judicial de Jujuy”.

Fuente: Télam