La Defensoría del Pueblo bonaerense y el ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual provincial acordaron llevar a los municipios acciones contra la violencia de género y la promoción de los derechos de las mujeres e identidades disidentes, se informó oficialmente.

Se trata de una agenda de trabajo que incluye la aplicación de los cursos de capacitación y sensibilización en género propuestos por la Ley Micaela, la atención de situaciones de riesgo, las acciones con poblaciones particularmente vulnerables como las mujeres cis y trans en prisión, precisó un comunicado de la Defensoría del Pueblo bonaerense.

«La violencia de género es una problemática urgente que requiere el mayor esfuerzo de todos. En el caso de los organismos del Estado, debemos llevar una acción coordinada para ofrecer las mejores herramientas a la hora de la concientización y la intervención cuando suceden estos tipos de hechos», sostuvo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino al momento del resaltar el acuerdo con el Ministerio.

Por su parte, Estela Díaz,destacó que «instituciones como la Defensoría asuman la perspectiva de género al momento de llevar adelante su trabajo es fundamental, porque tienen un alcance que permite que el mensaje llegue a todos lados».

«Nuestra tarea es hacer una política de Estado, todo lo que desde el movimiento de mujeres y diversidades hace tiempo se demanda con fuerza, como el primer ‘Ni una menos’, los paros internacionales de mujeres cada 8 de marzo o el ‘Mirá cómo nos ponemos'», indicó.

El convenio apunta a desarrollar en forma conjunta proyectos relacionados con la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres y personas LGBTI+, la prevención y erradicación de la violencia por razones de género y de las herramientas para llevarlos a la práctica.

También promueve el intercambio de información, documentación de interés, investigación, informes, trabajos de campo, de transferencia de conocimientos y asesorías en temas específicos que resulten de interés para uno u otro organismo.

A su vez, tiene entre sus objetivos diseñar mecanismos que faciliten el desarrollo de actividades de formación sobre temáticas de interés común destinadas a los municipios, como así también a generar campañas de promoción sobre los mecanismos de protección de los derechos humanos de los habitantes de la Provincia.