Tratado de Alta Mar: la firma de Dina Boluarte y el debate sobre la soberanía peruana

En el marco de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, realizada en Niza, Francia, la presidenta peruana Dina Boluarte firmó oficialmente el llamado Tratado de Alta Mar. Aunque se trata de un acuerdo internacional poco familiar para gran parte de la ciudadanía, en Perú ya encendió la polémica.

Desde el Gobierno aseguran que esta firma representa un paso firme en el compromiso ambiental del país y en la protección de los ecosistemas marinos. Sin embargo, sectores opositores no tardaron en criticar el tratado, al que acusan de implicar una posible “cesión” del control sobre las 200 millas marítimas que históricamente Perú ha defendido como soberanas. Esto generó un clima de incertidumbre y un flujo de desinformación en el debate público.

El canciller Elmer Schialer explicó que, si bien una docena de países firmaron el Tratado de Alta Mar durante la conferencia, eso no significa que entre en vigencia de forma automática. En el caso de Perú, la adhesión deberá ser evaluada y debatida por el Congreso antes de su posible ratificación.

Schialer también subrayó que el Ejecutivo firmó el acuerdo como país no adherido a la Convención del Mar (Convemar), lo cual, según destacó, reafirma el compromiso peruano con la protección del océano sin poner en juego la soberanía sobre las 200 millas náuticas establecidas por la Constitución. De este modo, intentó despejar las dudas y críticas surgidas en torno al alcance del tratado.

¿De qué se trata el Tratado de Alta Mar?

El llamado Tratado de Alta Mar, cuyo nombre oficial es “Tratado sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales” (conocido como BBNJ, por sus siglas en inglés), fue aprobado por las Naciones Unidas en 2023.

Su propósito principal es resguardar la biodiversidad en las zonas del océano que no pertenecen a ningún país —es decir, las aguas internacionales o de alta mar—, que representan cerca de dos tercios de la superficie marina del planeta. Se trata de una iniciativa clave para enfrentar la degradación de los ecosistemas marinos y regular el uso de recursos en áreas que hasta ahora estaban prácticamente sin control.

Estas regiones oceánicas, que se extienden más allá de las 200 millas náuticas desde las costas de cada país, hasta ahora no contaban con una regulación internacional sólida. Esa falta de control legal permitió durante décadas que diversas actividades humanas —como la pesca intensiva, la exploración minera del fondo marino o la búsqueda de recursos genéticos marinos— se desarrollaran sin demasiadas restricciones.

El Tratado de Alta Mar busca justamente cerrar ese vacío normativo, estableciendo reglas claras para proteger la biodiversidad en estas zonas. Entre sus principales herramientas, se contempla la posibilidad de crear áreas marinas protegidas, así como mecanismos para regular y monitorear prácticas extractivas que puedan poner en riesgo la salud de los océanos.

La trascendencia de este acuerdo reside en que establece un marco legal fundamental para proteger lo que se conoce como el “pulmón azul” del planeta: los océanos. Además, busca garantizar que el acceso a los recursos genéticos marinos sea justo y equitativo para todos los países en el futuro.

El tratado también incluye mecanismos para repartir los beneficios que se obtengan del aprovechamiento de esos recursos y fomenta la cooperación científica, técnica y financiera entre los Estados que lo suscriban, fortaleciendo así el trabajo conjunto en la conservación marina.

¿Qué implica el tratado para Perú?

La ratificación de este acuerdo le abriría a Perú las puertas a la llamada “inversión azul”, que incluye cooperación técnica internacional y el impulso a la investigación científica en las zonas de alta mar. Esto significaría la posibilidad de recibir fondos y asistencia para proyectos de conservación, fortalecer las capacidades nacionales en la gestión de recursos marinos y tener una participación más activa en los debates globales sobre la gobernanza de los océanos.

Además, la adhesión al tratado refleja el compromiso del país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente con el ODS 14, que apunta a conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos. De este modo, Perú se suma a una red mundial de países que apuestan por el futuro saludable del planeta azul.

¿Por qué hay quienes relacionan el tratado con una supuesta pérdida de soberanía?

Desde el gobierno peruano rechazan de plano que la firma del tratado afecte las 200 millas de dominio marítimo que la Constitución reconoce al país. En diálogo con RPP, el canciller Elmer Schialer defendió la rúbrica, asegurando que no implica ninguna reducción en los derechos peruanos sobre su zona económica exclusiva.

“El tratado es de carácter ambiental y el Perú lo firmó reafirmando su condición de Estado no parte de la Convemar (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar). Quienes dicen lo contrario están mintiendo o malinformando a la población”, afirmó con contundencia.

Diferencias sobre el alcance del tratado y las críticas que genera

El ex vicecanciller Hugo de Zela aclaró que el Tratado de Alta Mar no debe confundirse con otros instrumentos como la Convención del Mar (Convemar). “Hay confusión y desconocimiento. Quienes critican no leen el texto. El tratado es muy claro: no afecta las 200 millas nacionales”, sostuvo.

Sin embargo, algunas voces importantes del sector productivo en Perú, como la Sociedad de Comercio Exterior, la Sociedad Nacional de Industrias y la Sociedad Nacional de Pesquería, mantienen su postura crítica. Estas organizaciones advirtieron que la firma del tratado podría significar una pérdida de soberanía para el país en la toma de decisiones sobre el uso sostenible de los recursos pesqueros.

En un comunicado reciente, expresaron que el BBNJ introduce restricciones innecesarias y amenaza con debilitar a las entidades regionales que actualmente regulan eficazmente la actividad. “Este acuerdo es impulsado por ONGs que buscan perjudicar sectores productivos como la pesca, que genera miles de empleos y es un motor clave para el desarrollo descentralizado. Rechazamos que el Gobierno firme acuerdos que pongan en riesgo la seguridad alimentaria, destruyan empleos formales y afecten la inversión privada”, señalaron.

Es importante destacar que la firma del Tratado de Alta Mar no significa que el acuerdo haya entrado en vigor. Para que eso suceda, se necesita que al menos 60 países lo ratifiquen y, luego, pasen 120 días desde esa fecha para que el tratado comience a aplicarse.

Hasta el momento, aunque varios países han firmado el documento, sólo unos pocos lo han ratificado. Entre ellos se encuentran Antigua y Barbuda, Bangladesh, Barbados, Belice, Chile, Costa Rica, Cuba, Chipre, República Dominicana, la Unión Europea, Finlandia, Francia, Hungría, Letonia, Malawi, Maldivas, Islas Marshall, Mauricio, Micronesia, Mónaco, Noruega, Palau, Panamá, Portugal, Corea del Sur, Rumania, Seychelles, Singapur, Eslovenia, España, Santa Lucía y Timor Oriental.