Aunque se acordó cancelar el paro previsto por el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) para los días 11, 12 y 13 de junio, el caos en las calles persistirá debido a un sistema de transporte público obsoleto y poco eficiente.

Las empresas alegan falta de recursos para realizar mejoras, mientras que el Gobierno considera que la única solución para evitar el colapso del sistema es implementar una reforma integral, apostando principalmente por la tecnología.

El viceministro de Transporte, Emiliano R. Fernández, afirmó que, tras la suspensión del paro, su institución continuará supervisando las frecuencias para detectar posibles irregularidades por parte de las empresas, una situación que se había denunciado durante las negociaciones con los empresarios.

Fernández también mencionó que se está finalizando el desarrollo de una herramienta tecnológica que fortalecerá estos controles.

«Los empresarios no solo tienen un compromiso, sino que están obligados a cumplir con las frecuencias», aseguró el titular de la institución.

Cetrapam representa al 70% de las empresas que prestan servicio en el área metropolitana. Una de las demandas planteadas por el gremio está relacionada con la necesidad de que el subsidio estatal por el pasaje sea depositado directamente en las tarjetas de los usuarios. Esto se debe a los retrasos en los pagos, que, según el portavoz César Ruiz Díaz, generan desequilibrios financieros en los operadores.

Por otro lado, el viceministro de Transporte señaló que se dispone de los recursos necesarios para verificar los números en caso de que se decida transferir el subsidio directamente a los pasajeros, evitando así posibles irregularidades como los llamados «pasajeros fantasmas».

Reforma

El Viceministerio de Transporte está elaborando un proyecto de ley que establece una reforma integral del sistema de transporte público como la única solución al problema que enfrentan los usuarios debido al servicio ineficiente.

Este proyecto de ley incluye la renovación de las flotas, la reestructuración de los itinerarios, la actualización de las normativas y el fortalecimiento del Viceministerio del Transporte como organismo regulador del servicio.

Dado que las autoridades pretenden avanzar con esta propuesta, el Gobierno decidió renovar las licencias de las empresas por un máximo de 18 meses, a pesar de que las empresas operadoras solicitan una renovación automática por 7 años, como era la práctica habitual.

El Viceministro Emiliano R. Fernández aclaró que el período de 90 días acordado con las empresas no constituye un período de gracia, sino que servirá para continuar con las mesas técnicas donde se están discutiendo soluciones a los reclamos del sector privado.

Además, el viceministro afirmó que los controles de frecuencia no se reducirán. En la misma línea, señaló que se está progresando en la implementación de una herramienta tecnológica que permitirá monitorear las unidades y controlar las frecuencias.