El Archivo Provincial de la Memoria en Salta trabaja actualmente, a 47 años del inicio de la última dictadura militar, para digitalizar y sistematizar los documentos con los que cuenta, con el compromiso de no repetir la historia de los crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante ese período en el país, a través de la generación de un espacio de reflexión, difusión y discusión, donde la clave debe ser la educación.

“La idea es poder cumplir con los compromisos internacionales de nuestro estado, pero además con la sociedad misma, de poder generar espacios de reflexión, de difusión y de discusión para lograr la no repetición de estos crímenes de lesa humanidad”, expresó a Télam la directora del Archivo Provincial de la Memoria en Salta, Alba Fernández.

La funcionaria, que el año pasado se hizo cargo de este organismo, consideró que esa “es la función social del archivo, y es la tarea, el proyecto y lo que desde el Gobierno provincial se nos pide como gestión”.

“Al llegar, la idea era digitalizar. Creíamos que íbamos a poder avanzar en ese proceso que tiene que ver con la preservación para poner a disposición de la sociedad civil todos estos documentos, pero estaban en un estado de deterioro y de despatrimonialización”.

Por ello, en una primera etapa la tarea “fue volver al plano operativo de trabajo. Hemos recuperado y catalogado y una de las acciones más fuertes que tuvimos, aunque pareciera insignificante, fue darle infraestructura con la compra de las estanterías, sin las cuales no se les puede dar orden a los documentos”.

El Archivo Provincial de la Memoria fue creado el 22 de abril de 2008, mediante el decreto 1741, en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de Salta, y luego, en 2012, pasó a la órbita del Ministerio de Gobierno.

Durante el año pasado se catalogaron alrededor de 10 mil documentos, y ahora ya se trabaja con el Conicet con el fin de iniciar el proceso de digitalización y sistematización de todo ese material, a 47 años del inicio de la última dictadura militar en el país.

Fernández destacó el valor y la importancia de los instrumentos resguardados, teniendo en cuenta que en muchas oportunidades posibilitaron la reconstrucción de expedientes, el reconocimiento de derechos, la agilización de procesos administrativos e incluso fueron sostén de procesos judiciales.

«Los fondos se dividen por grupos de documentos que se producen en un mismo contexto institucional, por ejemplo, tenemos el fondo de gobierno, que es muy valioso porque están las actuaciones de diferentes familiares de las víctimas que, a través de cartas, pedían información”.

“Esas cartas tienen todo un proceso administrativo que a veces demoraba más de un año, en el que podemos observar la brutalidad de este estado terrorista, represivo, que incluso hasta en esa instancia era negador”, sostuvo.

Otro fondo documental muy importante es el de los prontuarios, que consta de 3.000 expedientes desde 1948 hasta 1983, y dentro se localiza un “subfondo de presos políticos, con 155 prontuarios”, reveló.

Asimismo, contó “el caso de la hija de un preso político que encontró a su padre golpeado y la respuesta fue que estaba en perfecto estado de salud” pero, al avanzar sobre la preservación del fondo de los prontuarios, se dieron cuenta de que, «de 90 fojas que tenía el expediente, 70 eran visitas a la enfermería, que generalmente se daban después de las sesiones de tortura”.

“Con los compañeros hemos llorado muchas veces mientras leíamos los prontuarios, porque creo que quiebra a cualquiera. Ver la foto de las víctimas es un ejercicio de memoria muy fuerte”, agregó.

Desde el archivo se avanza en la búsqueda de herramientas que permitan procesos de rescate y ejercicios de memoria, como el audiovisual, y para ello, ya cuentan con un documental sobre los alegatos del juicio por el secuestro y el asesinato del exgobernador de Salta, Miguel Ragone, y en los próximos días se presentará el corto Destellos en la Oscuridad, sobre la experiencia de una madre que tuvo a su hijo en cautiverio.

Fuente: Télam