La diputada Nacional, Paola Vessvessian en diálogo con AMA-SantaCruz, se refirió a la importancia de garantizar el federalismo y la división de poderes.

La gobernadora Alicia Kirchner expresó su apoyo al pedido de juicio político que impulsa el presidente Alberto Fernández, a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, luego del fallo que otorga la restitución de un importante porcentaje de fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es su punto de vista respecto?

Creo que la posición de la Gobernadora es absolutamente coherente con su historia de firme defensa de los intereses de la provincia, el federalismo y del correcto funcionamiento de los tres poderes del Estado.

La cautelar de la Corte sobre los fondos que deben transferirse a la Ciudad de Buenos Aires marcó el punto cúlmine de un accionar inaceptable, ya que el máximo tribunal se arrogó, en reiteradas oportunidades, atribuciones propias de los otros poderes del Estado Republicano y Federal.

Así fue en cuanto al Consejo de la Magistratura, usurpando facultades del Congreso Nacional, y las de este y del Poder Ejecutivo con relación a la distribución de la coparticipación.

Además, es evidente el accionar de una verdadera mafia judicial, que quebranta absolutamente el valor constitucional de la igualdad ante la ley, generando sentencias que violan el derecho de defensa y por sobre todas las cosas mostrando arbitrariedad y parcialidad, de promiscuas relaciones con la oposición y el poder económico que, lejos de ser combatido por los miembros del cuerpo parece ser prohijado y hasta compartido.

Reitero mi decidido apoyo a esta iniciativa, porque la recuperación de un Poder Judicial verdaderamente imparcial e independiente es una necesidad impostergable de nuestra democracia.

¿Por qué se considera que este fallo de la Corte, perjudica a las provincias?

La resolución de la Corte es provisoria, ya que no se expidió, a pesar del tiempo transcurrido, sobre el fondo de la cuestión.

Recordemos que esto se origina cuando el ex presidente Macri resuelve, por simple decreto, multiplicar los fondos destinados a la Ciudad de Buenos Aires, bajo la excusa de la transferencia del servicio de seguridad. Y que, cuando el actual gobierno reduce a niveles razonables ese ítem, se produce el reclamo de la CABA.

La Liga de Gobernadores, ámbito de reflexión y propuestas que reúne a la gran mayoría de los mandatarios provinciales incluyendo a la Dra. Alicia Kirchner, advirtió reiteradamente sobre el asunto, explicando que hacer lugar al reclamo de la Capital Federal sería absolutamente injusto y que si se aumentaba el porcentaje de coparticipación para ella, necesariamente se alterarían los coeficientes de distribución de la coparticipación federal. Es decir que cada peso que se le incremente a la CABA sería sustraído de los que corresponden a las provincias. Esto es lo que manda a hacer la Corte aunque, insisto, sin resolver la cuestión de fondo. Y no sólo eso, sino que, insólitamente, tampoco explica los criterios con los que determina el porcentaje.

¿De qué manera podría impactar esta medida en el desarrollo económico y social de Santa Cruz?

Como decía antes: los nuevos fondos que reciba la CABA por coparticipación serán los que no recibamos las provincias, afectando todas las áreas objeto de inversión: infraestructura, salud, educación, desarrollo social, etc.

El gobierno provincial ha hecho un aporte muy interesante al llevar al terreno de lo concreto el impacto de esta decisión, que ronda los 270.000 millones de pesos.

Ese monto equivale, por ejemplo, a 27 obras de acueducto y planta de agua potable de Río Gallegos; o a casi 15.000 viviendas, o a 750 hospitales modulares de más de 1.000 m2 y 2.100 Centros de Atención Primaria de 330 m2.

Una parte importante de eso es lo que nos quita la Corte en esta decisión.

¿Coincide con la gobernadora Alicia Kirchner de que fallo de la Corte va en contra del federalismo?

Absolutamente. Viola taxativamente la ley de coparticipación federal, como así también los acuerdos que tienen que existir entre las provincias y el gobierno nacional para modificar esos porcentajes y las asignaciones de esos recursos recaudados en todo el país. Es decir, la Corte se atribuye en este fallo facultades legislativas y ejecutivas, cosa que por la división de poderes y su competencia no puede hacer.

Desde el Gobierno de Santa Cruz se promueven mesas de trabajo con distintos sectores para informar acerca de la solicitud del Ejecutivo Nacional. ¿Este tipo de acciones generan participación y apertura en temas que hacen a la agenda gubernamental?

Creo que explicar en detalle las implicancias de este fallo es particularmente importante, especialmente porque los medios de comunicación de mayor alcance en el país, de estrechos lazos con algunos de los denunciados, están ejerciendo una acción desinformativa muy agresiva en aras de desprestigiar la iniciativa.

No siempre es fácil para cada ciudadano/a interiorizarse, leer sentencias, proyectos, etc. Y, por lo mismo, también es fácil que nos induzcan a confusión.

Pareciera que el funcionamiento de la justicia fuera una temática lejana, pero no es así: las decisiones de este poder inciden en la vida cotidiana, las libertades y patrimonios de cada persona, familia o empresa.

Y estos encuentros que el Ejecutivo provincial viene llevando a cabo con diferentes entidades y personalidades representativas de las comunidades santacruceñas y el quehacer social y productivo no sólo aportan en cuanto a la transmisión de información, sino que son espacios de intercambio que, necesariamente, enriquecen a todos sus participantes.

Esta semana comenzó en Diputados, el tratamiento del proyecto para remover a los magistrados. ¿En que consiste el proceso? ¿Hay un plazo determinado para que el mismo sea abordado en el recinto?

La Comisión de Juicio Político comenzó, este jueves 26 de enero, a tratar el proyecto enviado por el Ejecutivo, que será considerado junto a todos los pedidos de juicio político a miembros de la Corte que ingresaron a la Cámara, ya sea a partir de iniciativas de colegas como de diversos actores de la sociedad civil. Se dio el primer paso, se acordó una agenda de trabajo, donde se van a analizar todas las 14 denuncias de mal desempeño, para luego declarar la admisibilidad de las causales del Juicio a los miembros de La Corte. Luego viene el proceso en que la Comisión llevará adelante la investigación sumaria y producción de las pruebas, realizando pedidos de informes, tomando declaraciones a testigos y acusados, etc., para luego emitir un dictamen aconsejando a la Cámara su tratamiento o no.

Si el dictamen es favorable, la Cámara debe decidir, con una mayoría de dos tercios, la continuidad del juicio, convirtiéndose en Cámara Acusadora ante el Senado de la Nación que deberá emitir el o los veredictos.

¿Cuál es su tarea y responsabilidad como legisladora de Santa Cruz en este tipo de acciones?

Como siempre mi principal responsabilidad es la de proteger en la Cámara los intereses y los valores que me comprometí a defender frente a mis comprovincianos: los de cada ciudadana o ciudadano de Santa Cruz. Los del trabajo y la producción frente a la bicicleta financiera, los de la soberanía frente a los de la entrega, los de la solidaridad frente al individualismo, los de la democracia frente a la intolerancia y los privilegios.

Ya que no podré ser parte de las tomas de decisiones hasta el momento en el que el juicio ingrese al plenario de la Cámara (por no ser miembro de la Comisión de Juicio Político), en aquel espíritu es que colaboraré en cuanto pueda en la defensa de los intereses de la provincia.