Archivan una denuncia al fallecido ex canciller Héctor Timerman por inexistencia de delito
La denuncia había sido presentada en el 2015 por presuntas irregularidades en la construcción del Pabellón Argentino para una feria internacional en Milán.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi archivó por «inexistencia de delito» una denuncia presentada en 2015 contra el fallecido ex canciller Héctor Timerman y referentes de «La Cámpora», por presuntas irregularidades en la construcción del Pabellón Argentino para una feria internacional en Milán.
«A poco que se analice el caso, se advierte que no existió provecho alguno, injustificado, que hubiera sido obtenido mediante engaño o artificio, que indujera a error a la Administración Pública, para que esta efectuare una prestación voluntaria de naturaleza patrimonial, perjudicial para el Estado», concluyó el juez.
El magistrado archivó la denuncia luego de ordenar medidas de prueba durante cuatro años, según el fallo al que accedió Télam. Al tomar esa decisión descartó «cualquier figura de defraudación» y explicó que «las supuestas irregularidades aludidas no configuran conductas penalmente relevantes«.
«Para que las cuestiones referidas adquieran algún grado de reproche, estas deben haber sido cometidas maliciosa o ilegalmente, elementos que, como ha sido fundamentado, no se corroboró en autos», agregó en el fallo.
Martínez De Giorgi sostuvo que la participación argentina en la Expo Milán 2015 «fue revisada por la SIGEN, cuyos integrantes no detectaron anomalías de relevancia».
«No existen elementos probatorios que permitan concluir que existió un manejo indebido de los fondos involucrados», concluyó al archivar la denuncia.
La denuncia fue presentada el 14 de mayo de 2015 por un particular, Santiago Dupuy De Lome, en base a una nota periodística publicada en el diario La Nación titulada «Graves irregularidades en el armado del pabellón argentino en Expo Milán».
El informe periodístico precisaba que «el pabellón argentino se habría financiado con un presupuesto obtenido de un decreto presidencial secreto, que surgiría del “programa 19” y con partidas provenientes de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Desarrollo Social de la Nación, y de la Secretaría de Cultura nacional».
Al impulsar la investigación ahora archivada por inexistencia de delito, la fiscalía explicó que «se puso un manto de duda sobre el destino dado a ese dinero».
Fuente: Télam
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