El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Jorge Ibáñez, destacó: “El drástico ajuste que está llevando a cabo la administración de Javier Milei, junto con una devaluación del 118%, tiene un impacto directo en la economía, mermando significativamente la recaudación fiscal”.

A esto se le suma “el incumplimiento en las transferencias de fondos de convenios previamente acordados con las provincias. Este conjunto de acciones configura un escenario propicio para una crisis: desfinancia a las provincias, eleva los precios, genera un estancamiento económico, erosiona el poder adquisitivo de las personas y fomenta el desempleo”.

En medio de un escenario de ajuste económico nacional dirigido por la administración del presidente Milei, Formosa se encuentra entre las provincias más afectadas por la caída en la recaudación fiscal.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) revela una merma del 28% en las transferencias automáticas interanuales a marzo de 2024, impactando significativamente en los ingresos provinciales.

Esta situación se agrava aún más en Formosa, donde la coparticipación específica registró una reducción real del 26%, según datos del IARAF. 

“La restricción fiscal nos obliga a replantear prioridades sin sacrificar la calidad de los servicios públicos”, explicó Ibáñez, señalando los esfuerzos para optimizar los recursos provinciales.

La administración de Milei, centrada en políticas de ajuste indiscriminado, condujo a un escenario donde la recesión profundiza la vulnerabilidad fiscal de las provincias. Formosa enfrenta una significativa pérdida real per cápita, se ve obligada a replantear sus presupuestos y estrategias de financiamiento para mantener servicios esenciales. Esta realidad fiscal subraya la compleja relación entre políticas nacionales y la estabilidad financiera de las provincias, con Formosa siendo un caso testigo de los desafíos que emergen en tiempos de ajuste y recesión económica.

Ante este panorama, el Gobierno de Formosa busca equilibrar la necesidad de austeridad con la imperiosa demanda de servicios públicos. Según el ministro Ibáñez, “la provincia requiere un enfoque equilibrado que no solo considere la estabilidad macroeconómica, sino también la sostenibilidad social y el desarrollo regional”.

“El impacto negativo que las políticas implementadas por el Gobierno Nacional, se ven reflejadas en la paralización de más de 56 obras esenciales en áreas críticas como saneamiento, infraestructura vial, energía y educación. Esta situación, no solo ha detenido el progreso, sino que ha exacerbado el desempleo, afectando a miles de familias formoseñas”, manifestó.

“La eliminación de subsidios energéticos, dio lugar a incrementos tarifarios de hasta el 300%, generando una presión insostenible sobre nuestras PyMEs y el sector industrial, vital para nuestra economía local. Además, la reducción del subsidio de estacionalidad aumenta significativamente los costos para las familias formoseñas, en un contexto de elevadas temperaturas y dificultades económicas”, enfatizó.

Por último, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas hizo hincapié en que “Formosa se enfrenta a un desafío importante en el ámbito previsional, siendo acreedores del Estado Nacional por más de $25 mil millones, una cifra que se reclama ante la Corte Suprema de Justicia para su inmediata resolución”.

“Estos compromisos pendientes, acumulados por incumplimientos en leyes nacionales y acuerdos bilaterales, subrayan la necesidad urgente de una gestión fiscal y financiera más equitativa y justa para la provincia. Exigimos al Gobierno Nacional que cumpla con sus obligaciones, incluyendo el pago de las deudas previsionales y la revisión de políticas que perjudican directamente a nuestra provincia”, indicó al concluir.

Fuente: AGENFOR