La jueza Marcela Ruiz Díaz rechazó el pedido de inconstitucionalidad realizado por un grupo de abogados contra el decreto que regula la circulación en espacios públicos.

«Existe un fin legítimo, el cual se refiere a la protección de la salud de los habitantes de la Nación, existiendo una adecuada relación entre los costos de las medidas y los beneficios. Se cumple así, a mi criterio, el principio de razonabilidad constitucionalmente consagrado», afirma Marcela Ruiz Díaz, del Segundo Tribunal de Gestión Judicial Asociada.

«La declaración de inconstitucionalidad de una norma requiere no sólo demostrar de qué manera se contraviene la Constitución Nacional, sino probar que ello causa gravamen en el caso concreto», dijo la magistrada.

Además consideró que el gobernador Rodolfo Suarez actuó dentro de las facultades y competencias que tiene, en una situación de excepción como lo es la emergencia sanitaria.