Antes de la cuarentena obligatoria el 50% de los pedidos realizados a través de Internet se retiraban en los puntos de venta. Gran parte de ese volumen en este contexto pasó a la logística, lo cual provocó el colapso y la demora en los plazos de entregas.

La Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) establece que informar un plazo de entrega cierto es una obligación para todos los proveedores, incluso durante la cuarentena, y las leyendas o cláusulas que adviertan sobre posibles incumplimientos son abusivas y no están permitidas.

Estas conductas colocan a las y los consumidores en situaciones de mayor vulnerabilidad y los deja a merced de plazos de entrega indefinidos.

Además, inducen a error a los consumidores acerca de cuáles son sus derechos y, por ende, pretenden desalentar los reclamos. Tras la imputación, las empresas pueden realizar su descargo. La SSADC determinará las sanciones que correspondan.

Defensa del consumidor en Mendoza

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