El gobierno de México ha acusado a Ecuador de espiar al personal diplomático en la Embajada en Quito antes del asalto ocurrido el pasado 5 de abril para detener al ex vicepresidente Jorge Glas.

En una demanda presentada en la Corte Internacional de Justicia, México alega que Ecuador violó sus derechos bajo las normas consuetudinarias y convencionales del derecho internacional. La demanda se basa en varios actos, incluyendo la intervención y escucha de comunicaciones privadas de la Embajada de México y sus miembros, el despliegue de policías y fuerzas especiales fuera de la embajada, el acoso y perturbación constante a los miembros de la misión diplomática, la irrupción forzosa y violenta en la Embajada de México por parte de fuerzas especiales ecuatorianas, y la detención del ex vicepresidente Jorge Glas, quien había sido concedido asilo en la embajada.

Demanda contra Ecuador

El documento presentado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador solicita la suspensión de Ecuador como miembro de las Naciones Unidas hasta que emita una declaración pública de disculpa reconociendo sus violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional.

Esta demanda refleja la gravedad de las acusaciones de México contra Ecuador por sus acciones en relación con la embajada y el asilo concedido al ex vicepresidente.

El gobierno mexicano señala en su demanda que el 4 de abril, Roberto Canseco, subjefe de misión de la embajada en Quito, notó la presencia de un vehículo militar táctico estacionado afuera de la Embajada de México. Al compartir sus preocupaciones y una fotografía del vehículo con otros miembros de la Embajada, se mencionó que este vehículo militar se utilizaba para intervenir las comunicaciones móviles. Esta información está detallada en el anexo 5 de la demanda presentada por México en la Corte Internacional de Justicia. Las fotografías del vehículo se incluyen en dicho anexo, según consta en el documento oficial.

La designación de representantes mexicanos en la demanda incluye a Alejandro Celorio Alcántara, asesor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Carmen Moreno Toscano, embajadora ante el Reino de los Países Bajos; Miguel Angel Reyes Moncayo, asesor jurídico adjunto de la SRE, y Natalia Jiménez Alegría, consejera jurídica de la misión permanente de México ante las Naciones Unidas.

En respuesta a la demanda

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, declaró este jueves que la eventual expulsión de Ecuador de la ONU, al igual que todos los asuntos relativos a la membresía, depende de los Estados miembros.

Sin embargo, Guterres, a través de su portavoz Stéphane Dujarric, trató de suavizar el conflicto bilateral al expresar que espera que «las tensiones entre Ecuador y México se traten mediante el diálogo».

El secretario general también recordó que la ONU ha condenado «las flagrantes violaciones a la ley internacional» durante el asalto a la embajada mexicana en Quito el pasado viernes.

La demanda de México no parece ser fácil de cumplir, considerando la historia de la ONU: desde su fundación, solo un Estado se expulsó, que fue Taiwán en 1971, cuando perdió su asiento de la República de China en favor de la República Popular de China.

Ecuador es miembro de pleno derecho de la ONU y actualmente tiene un asiento en el Consejo de Seguridad como parte de la cuota de países latinoamericanos y caribeños, posición que ha ocupado desde junio de 2022.