Todavía estaba fresco el recuerdo de la ocupación militar de la Patagonia cuando fue descubierto el llamado “oro negro” en Neuquén. En 1913, una comisión técnica encabezada por Windhausen, un ingeniero de origen alemán, confirmaba la presencia de petróleo en Plaza Huincul.

Hasta allí, ese paraje había servido de escala en la ruta que unía a Neuquén con Zapala. Era una posta que ofrecía los mínimos servicios a los viajeros, daba vida a un área que ni siquiera había sido considerada a la hora de diagramar las estaciones del Ferrocarril del Sud. Las razones de esta decisión no son difíciles de imaginar: la aridez del terreno y la escasez de agua complicaban cualquier asentamiento humano de magnitud.

Esa realidad comenzaría a torcerse con la instalación del primer pozo en 1918. Alrededor del campamento de la División de Minas, Geología e Hidrológica del Ministerio de Agricultura, fue desarrollándose una incipiente localidad. En el área de reserva fiscal, un octágono de cinco kilómetros de diámetro, se instalaron las viviendas del personal encargado de la extracción del recurso.

A comienzos de la década de 1920 la ausencia total de servicios fue lentamente subsanada. Primero, con la actividad hidrocarburífera llegó una oficina de Registro Civil; poco tiempo después, la postergada estación de ferrocarril. En el renglón productivo, la creciente presencia oficial fue acompañada por las operaciones de algunas empresas privadas entre las que destacaban Astra, Standard Oil o Dodero.

Sin embargo, el despliegue definitivo de la actividad hidrocarburífera tuvo que esperar a la fundación de YPF en 1922. El desabastecimiento de combustible generado por la Primera Guerra Mundial había calado hondo en las Fuerzas Armadas. Un mundo inestable, obligaba a prestar atención sobre algunos recursos que se juzgaban estratégicos. Eran tiempos en los que la nación era pensada como una unidad militar cuya vitalidad dependía del petróleo. No es extraño, entonces, que el Ejército o la Marina hayan llevado adelante labores, como la exploración y la explotación, que calificaban de patrióticas. La asunción del Coronel Enrique Mosconi al frente de la petrolera estatal fue quizás la muestra más clara de esta tendencia.

Su llegada imprimió profundos cambios en todos los campos de la actividad hidrocarburífera. Al incremento de la capacidad productiva y comercial, debemos sumar la implementación de un nuevo formato en las relaciones entre trabajadores y empresa.

El trabajador del petróleo era imaginado como recluta de una cruzada patriótica. En la práctica, esta concepción se tradujo en un vínculo que excedía el marco laboral y se extendía a la vida cotidiana de los trabajadores. La empresa, además de conservar la propiedad de la vivienda, controlaba otros aspectos pertenecientes al mundo de lo privado: la alimentación, las relaciones familiares, el ocio y la misma vida sexual de los operarios. Esto le aseguraba “una disciplina inflexible y una rigidez absoluta en el cumplimiento de deberes y obligaciones”. En contrapartida, el trabajador recibía una serie de beneficios, entre los que contaban servicios de salud y educación, proveedurías con precios subsidiados y también instalaciones deportivas.

En las grietas de un sistema que no contemplaba las identificaciones clasistas, surgieron las primeras organizaciones de los trabajadores. La fuerte vigilancia ejercida por la petrolera oficial, reflejada en prácticas de espionaje y la prohibición de la prensa obrera, no impidió el desembarco en la región de la Asociación de Trabajadores del Estado (luego llamado Sindicato de Obreros y Empleados de YPF).

Sus demandas, en un principio, no estuvieron relacionadas con reivindicaciones salariales. Salvo una larga meseta que acompaño a la gestión de Mosconi, los sueldos tendieron al alza y contuvieron toda clase de bonificaciones (por paternidad, fallecimiento, antigüedad y por productividad). La mejora de las condiciones de trabajo, en cambio, estuvo en el centro de las demandas de los trabajadores. Las horas extras no remuneradas, la falta de ropa de trabajo y la ausencia de un régimen de licencias motorizaron los primeros reclamos gremiales, que tuvieron a la huelga de 1949 como experiencia piloto. En esa oportunidad, cerca de dos mil obreros detuvieron la producción petrolera por dos semanas hasta que, previa intervención de Eva Perón, los trabajadores lograron una respuesta favorable a sus reivindicaciones.

La intensa movilización sindical fue parte de una “resistencia peronista” que abandonaba su carácter inorgánico y comenzaba a disputar poder. Diferentes sectores -entre los que destacaban los ferroviarios, la construcción y los bancarios- estaban dispuestos a boicotear el proceso eleccionario de 1958. La idea era presionar al gobierno militar de Pedro Eugenio Aramburu justo en el momento en que intentaba mostrar la viabilidad de una Argentina sin Juan Domingo Perón.

Frente a esta oleada de protestas, las autoridades nacionales lanzaron un decreto que prohibía cualquier huelga en los 40 días anteriores a los comicios del 23 de febrero. La respuesta autoritaria no hizo más que tensar la soga y sembrar las semillas de futuros enfrentamientos.

En ese marco, el sindicato hidrocarburífero a nivel nacional presentó a las autoridades de YPF un pliego de reclamos que incluía, entre otros puntos, un aumento salarial de $800, reincorporación del personal cesante por cuestiones políticas y restauración del servicio asistencial. El gremio puso como fecha límite el 10 de febrero de 1958. Si la respuesta no era favorable, daría paso a un paro por tiempo indeterminado.

Antes de que culminara el plazo, las autoridades lanzaron una contrapropuesta que contemplaba alguno de los reclamos, pero no atacaba el problema salarial: el aumento planteado era exactamente la mitad del solicitado. La mayoría de las filiales, desde Comodoro Rivadavia hasta Salta, rechazaron el ofrecimiento de la empresa. Por un lado, para lubricar los mecanismos de coordinación; por otro, para dar tiempo al gobierno de mejorar su propuesta, se planteó un cambio en el cronograma: la huelga daría comienzo el 17 de febrero, en lugar del mismo 11.

La respuesta del gobierno nacional no fue precisamente conciliadora. El ministro de Comercio e Industria, Julio Cueto Rúa, amenazó con declarar ilegal la medida de fuerza y con implementar medidas preventivas.

Pero por el lado de los trabajadores también hubo movimiento. Se creó un Comité de Huelga, que se encargaría de la logística de la protesta, sobre todo de la edición de volantes que mantuvieran informados a los trabajadores. Mientras que, para evitar el riesgo de acefalía, se formó también una comisión que asumiría las funciones del Comité en caso de que sus integrantes eran detenidos. Además, la conformación del Comité se mantuvo en el más hermético secreto.

Con el paro anticipado, el gobierno nacional completó la batería de disposiciones con un decreto de movilización del personal. Con la ley de su lado, la presidencia de YPF podía tomar todas las medidas que considerara necesarias para regularizar la producción de petróleo. Y esto suponía el auxilio de las fuerzas armadas en la represión de los trabajadores. Rápidamente, el jefe del Regimiento 10 de Infantería de Covunco, Andrés Pont Lezica, se hizo cargo de la situación: el octágono dejaba de ser un área productiva y se convertía en una zona militarizada.

La llegada del ejército marcó un punto de inflexión. Ese clima pacifico de las primeras horas de huelga parecía un lejano recuerdo del pasado. Un operativo militar se apoderó de la comarca petrolera. Su saldo era inédito en la historia neuquina: la sede del SUPE había sido ocupada y más de trescientos trabajadores habían sido detenidos. La sensación de “pueblo invadido” crecía y con ella se fueron sumando sectores que se habían mantenido al margen: la huelga de los petroleros se transformaba en una pueblada.

Los escasos resultados de la estrategia represiva empujaron al gobierno a decidirse por el diálogo. Con la liberación de los detenidos y la llegada de los trabajadores que se habían ocultado en otras localidades, estuvieron dadas las condiciones para una asamblea general. Más de tres mil personas colmaron el salón de usos múltiples de la localidad para discutir la salida del conflicto. La intensidad de la protesta se había significado un enorme desgaste y las posibilidades de continuar eran reducidas. Presentada la nueva propuesta, los trabajadores resolvieron levantar la medida de fuerza.

Luego de diecinueve días, las actividades productivas se reiniciaban. Un reclamo protagonizado por los trabajadores y sus organizaciones había concluido. Cuatro décadas después, los desocupados y sus cortes de ruta abrirían un nuevo capitulo de la historia neuquina. La búsqueda de una mejor posición en la distribución del ingreso seria reemplazada por una meta mucho más humilde: obtener un empleo y abandonar el casillero de la exclusión. Pero esa es otra historia.

Fuentes: Conflictos del «oro negro» en Neuquén. La gran huelga petrolera de 1958, de Joaquín Perrel (UNCo-CONICET) y Lisandro Gallucci (UNCo- CONICET).