El Gobierno enfrentó dificultades para manejar la crisis actual, especialmente en sus intentos de resolver la medida de fuerza de los universitarios que demandan garantías para el Arancel Cero, cuyos fondos se destinan al Fondo de Alimentación Escolar al eliminarse el Fonacide. Existe el temor de que la situación se vuelva incontrolable y que el descontento profundice la crisis social.

La gestión de la crisis fue deficiente. El episodio más reciente fue la visita de Federico Mora, presidente del Cones, y Luis Ramírez, ministro de Educación, al Campus de la UNA.

En medio de esta crisis, Peña viaja a Punta del Este, Uruguay, para participar del Latin Annual Meeting 2024, un día después de la visita de Luis Lacalle Pou en Asunción.

Contexto crisis Paraguay

Aunque el Gobierno afirma que la gratuidad está asegurada, no ha detallado cómo garantizará los recursos necesarios. Además, ha manifestado estar dispuesto al diálogo, pero no ha especificado qué medidas concretas tomará en esta dirección.

Un día antes, se llevaron a cabo reuniones con representantes de varias facultades, como Derecho, que no participan en las manifestaciones. Sin embargo, este intento de acuerdo no se reconoció y terminó generando más tensiones. Esto puede interpretarse como una falta de tacto político.

Además, las respuestas de las autoridades oficialistas a los reclamos estudiantiles fueron provocadoras. Entre ellas, las declaraciones de Basilio Bachi Núñez desacreditando las manifestaciones. El senador cartista expresó: “No hay posibilidad de derogación (de la Ley de Hambre Cero) porque es una ínfima cantidad de estudiantes”.

El ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos, realizó un comentario ofensivo hacia los universitarios al sugerir que no deben ser como los estudiantes de la UNA y no entender los efectos positivos de la estabilidad macroeconómica en la economía de la población.

Por último, Federico Mora insinuó que los estudiantes estaban siendo manipulados por sectores políticos, lo que desacreditó la genuina preocupación por la falta de garantías para el arancel cero.

Derrogación Ley de Hambre Cero

Es importante destacar que varios referentes, como la diputada Johanna Ortega, el diputado Raúl Benítez y la senadora Esperanza Martínez, se acercaron a los manifestantes para brindarles su apoyo en su reclamo por la derogación de la Ley de Hambre Cero, la cual elimina el Fonacide y destina todos los fondos a la alimentación escolar.

Además, se han propuesto alternativas, como la aprobación de otra ley que crearía un fondo exclusivo para el arancel cero, presentada por el diputado Hugo Meza, aunque Santiago Peña expresó su desacuerdo con esta propuesta.

El presidente Santiago Peña también mencionó que recibieron una propuesta de los estudiantes que fue aprobada, y después de esa reunión, los participantes se encargaron de socializarla con los manifestantes.

No obstante, Peña ha puesto en duda la motivación detrás de la movilización, sugiriendo la posibilidad de intereses entre los manifestantes y señalando que las elecciones de autoridades de la UNA están próximas.

En relación con la Ley de Hambre Cero, Peña señaló: «Encontramos sectores que repiten que se derogue la Ley Hambre Cero cuando es la que establece un artículo a pedido de asambleístas para que se asegure el financiamiento del arancel. La ley anterior no daba seguridad porque dependía de la venta de energía».

Baja recaudación que no da garantías

La economista Alhelí González Cáceres, directora de la Sociedad de Economía Política del Paraguay (Seppy), ha explicado que existen dos razones para dudar de la garantía que menciona el gobierno para cubrir el arancel cero en las universidades. En primer lugar, el Estado tiene una recaudación muy baja, y en segundo lugar, Paraguay es el país con menor inversión extranjera.

González indicó que solo el 34% del total del presupuesto para el año 2024 se cubre con Fuente 10, que son recursos genuinos del Estado, como tributos e ingresos de empresas públicas. Sin embargo, el 50% de ese presupuesto se financia con Fuente 30, que son fondos institucionales que implican arancelamiento de servicios, endeudamiento entre instituciones y venta de activos.

Con este esquema presupuestario, prácticamente no queda margen para contar con disponibilidad de fondos, especialmente considerando que el gobierno promete que el arancel cero se cubrirá con Fuente 10.

Sin embargo, dado que el Estado recauda poco, no hay garantía de que realmente cuente con los fondos necesarios. González mencionó que en 2023, se recaudaron solo USD 4.400 millones de los USD 15.000 millones que se necesitan, lo que representa prácticamente una quiebra técnica en términos prácticos.

La economista Alhelí González Cáceres también mencionó el alto nivel de evasión fiscal en Paraguay, que oscila entre el 20% y el 30%, según datos de Tributación. Además, señaló el malgasto público y otras debilidades institucionales que impactan en la economía, impidiendo que Paraguay alcance el grado de inversión deseado. El país no atrae inversiones, lo cual es una preocupación para el gobierno.

«Esa fuente de financiamiento no es una caja de seguridad donde el Estado pueda acceder a millones de manera fácil», concluyó la economista.