La intervención se realizó con el objetivo de cortar las conexiones clandestinas dentro del inmueble, el cual abarca 16 hectáreas y consta de 206 lotes invadidos por alrededor de 200 personas, entre ellas, siete funcionarios de la propia ANDE, según lo denunciado tanto a la policía como a la propia ANDE por los responsables de la firma.

Celso Cañiza, representante legal de Operadores del Campo SA, afirmó que se trata de una invasión a un loteamiento urbano y señaló que entre los invasores, la mayoría no son indigentes, sino que hay construcciones importantes como lavaderos, veterinarias, bares, estudios de abogados, talleres de camiones, clubes de fútbol y un motel que cerró una manzana. Respecto a la intervención de la ANDE, expresó su insatisfacción con los resultados, ya que después de la intervención, los invasores volvieron a reconectar sus viviendas. Cañiza cuestionó la actuación de la ANDE, calificándola como un «simulacro» y mencionó que espera que los funcionarios públicos cumplan adecuadamente con su trabajo, ya que este tipo de delitos de invasión a la propiedad privada desalientan las inversiones en el Departamento de San Pedro.

ANDE

En cuanto a los funcionarios de la ANDE, según la denuncia realizada en diciembre de 2023, un total de siete de ellos, identificados por nombres y apellidos, estarían ocupando ilegalmente parte del inmueble.

El representante de Operadores del Campo SA señaló que los funcionarios de la ANDE que ocupan ilegalmente parte del inmueble incluso duermen en las viviendas que han ocupado. Además, afirmó que tras la intervención de la ANDE, estos funcionarios tardaron dos horas en simular que cortaron las conexiones clandestinas, pero en tan solo 30 minutos reconectaron nuevamente la electricidad. Según su testimonio, es evidente que las viviendas continúan recibiendo suministro eléctrico.

Por otro lado, Hugo Rolón, gerente comercial de la ANDE, informó que las pérdidas anuales de la institución ascienden a alrededor de USD 50 millones. De este total, aproximadamente USD 15 millones corresponden a pérdidas por criptominería y el resto, unos USD 35 millones, se atribuyen a conexiones clandestinas en clientes regulares y varios asentamientos.