Según la ex consejera regional Elizabeth Prado Montoya, actualmente existen obstáculos para realizar dichas labores.

Esta normativa establece que, para la realización de trabajos de fiscalización, se debe aprobar el pedido con un 25 % de los votos. Para la conformación de comisiones investigadoras y el envío de informes a la autoridad competente, se requiere el voto favorable de no menos del 25 % del total de los miembros hábiles del Concejo. Además, para solicitar al alcalde o gerente municipal información sobre temas específicos, de acuerdo con sus atribuciones o funciones, se necesita un tercio de votos favorables.

«Al indicar un voto favorable de un tercio, se menciona que primero se debe aprobar este tema en el pleno del Concejo y luego. Esta normativa restringe las funciones básicas de fiscalización, lo cual es contradictorio con lo que estipula la norma, porque no mejora sino que pone trabas al proceso de fiscalización», refirió.

Asimismo, el artículo 9, inciso N° 33, fue modificado, estableciendo que se puede «fiscalizar el desempeño funcional y la conducta pública de funcionarios y directivos municipales, para lo cual se necesita esta facultad, para invitar a cualquiera de ellos a informar sobre temas específicos, previamente comunicados, con el voto favorable de un tercio del número legal de regidores».

Ante esta situación, se observa la falta de pronunciamiento por parte de los regidores y consejeros regionales, dado que esta normativa también es aplicable al Consejo Regional.

«Esta normativa se está aplicando desde el 2023, y hasta la fecha no hay un pronunciamiento de los regidores y consejeros regionales, que a través de las organizaciones nacionales podrían observar este tema», arguyó.

En otro momento, Prado Montoya señaló que la norma también estipula que los trabajos de fiscalización deben informarse detalladamente. Además, se podrá realizar fiscalización con o sin pago por viáticos.

Ante esta situación, Prado Montoya solicitó un pronunciamiento al Colegio de Abogados de Ayacucho y posteriormente a la Defensoría del Pueblo.

El pasado 3 de marzo de 2022, el Congreso de la República promulgó la Ley Nº 31433, que modifica la Ley Nº 27972, conocida como la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Municipales.