El periodista Miguel Franjul, director de Listín Diario y vicepresidente regional para la República Dominicana de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, advirtió sobre los posibles riesgos para las libertades de prensa y expresión derivados de la ley 1-24, que crea y regula la Dirección Nacional de Inteligencia. Franjul expresó su preocupación durante la Reunión de Medio Año 2024 de la SIP.

Según Franjul, la entrada en vigor de esta ley presenta nuevas amenazas para las libertades de prensa y expresión, ya que algunos de sus artículos podrían dar lugar a restricciones. Esta preocupación la comparten tanto la Sociedad Dominicana de Diarios, diversas organizaciones de la sociedad civil, expertos en derecho y la Iglesia Católica.

Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia

El artículo 11 de la ley 1-24 ha generado controversia debido a que faculta a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para exigir a instituciones privadas o personas físicas la entrega de toda la información requerida. Esto se percibe como una posible coerción de derechos fundamentales y una amenaza a la libertad de prensa.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por las posibles implicaciones negativas de la ley para la confidencialidad de las fuentes y el derecho a la privacidad.

Ante las críticas, el presidente Luis Abinader instruyó la formación de una comisión intersectorial, que incluyó a la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), para revisar la ley y proponer salvaguardas. A pesar de tres meses de trabajo, aún no se ha logrado consenso entre el gobierno, la SDD y otras organizaciones respecto a las modificaciones necesarias debido a las ambigüedades y violaciones constitucionales de la ley.

El Tribunal Constitucional recibió siete recursos de inconstitucionalidad, y en el Congreso se han presentado cinco anteproyectos de ley para modificarla.

Además, se ha trabajado en una reforma de la Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento. En marzo, el presidente Abinader se reunió con una delegación para discutir algunos puntos del anteproyecto, concluyendo que no es necesario endurecer las penas por difamación e injuria en cualquier medio, incluidas las plataformas digitales.

Se espera que el nuevo proyecto de ley sea presentado ante el Congreso próximamente.