Los fallos judiciales contra centros de atención médica están en alza en el país debido a la negligencia médica y las deficiencias en la seguridad sanitaria del paciente. Esta tendencia se ve reforzada por una reciente condena contra CEDIMAT, que debe abonar una compensación de 15 millones de pesos a los parientes de una paciente. Estos casos subrayan la necesidad de mejorar los estándares de atención médica y reforzar los protocolos de seguridad en los establecimientos de salud para proteger a los pacientes y evitar situaciones similares en el futuro.

En días recientes, se han revelado casos de sentencias judiciales emitidas contra el Hospital de Traumatología Ney Arias Lora, la Clínica Corazones Unidos, el Centro de Cirugías Plásticas y Especialidades (CECIP) y Cedimat. Estas sentencias implican el pago de indemnizaciones millonarias a pacientes y familiares afectados por negligencia médica.

Esta situación ha suscitado una considerable inquietud entre directivos de instituciones de salud tanto públicas como privadas del país, así como entre miembros del Colegio Médico Dominicano (CMD) y especialistas médicos de diversas disciplinas.

Protesta de los médicos

En rechazo a lo que perciben como un incremento injustificado de condenas hacia médicos, clínicas privadas y hospitales, ayer médicos, bajo la dirección del Colegio Médico Dominicano (CMD), llevaron a cabo una manifestación frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia.

El experto en seguridad social y presidente de la Fundación Seguridad Social para Todos, Arismendy Díaz Santana, instó a evitar la politización de las condenas médicas y subrayó la importancia de reflexionar profundamente sobre su aplicación, centrándose en el cumplimiento de los protocolos establecidos. Destacó que este enfoque es fundamental para proteger los derechos de los pacientes y garantizar la seguridad y la tranquilidad del personal de salud, así como de los hospitales y clínicas.

En su análisis del tema, Díaz Santana hace referencia a las declaraciones y preocupaciones expresadas por diversos actores del sector de la salud, enfatizando la necesidad de adherirse estrictamente a los protocolos para prevenir demandas.

Explicó que, según la legislación, se considera mala práctica médica cuando un paciente sufre daños significativos en su salud o en su vida debido al incumplimiento de los protocolos de atención establecidos. En este contexto, la evaluación no se basa en si el paciente se recuperó o no, ni en si sobrevivió, sino en si se siguieron correctamente los procedimientos establecidos por el Ministerio de Salud.

Reportes de prensa

La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional ha dictaminado una condena contra el Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (Cedimat). La sentencia establece el pago de una indemnización de 15 millones de pesos a Ramón Aquiles Vargas y Teresa de Jesus Vargas Rodriguez, esposo e hija de Paula Antonia Rodríguez Morales, por presunta mala práctica médica en el tratamiento de esta última.

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia ha fallado en contra del Hospital Ney Arias Lora, ordenando el pago de una indemnización de 10 millones de pesos a Félix Julián Encarnación, quien sufrió la amputación de una pierna en 2018 debido a una infección bacteriana.

El pasado martes se informó que la Clínica Corazones Unidas fue condenada a pagar más de 6 millones de pesos debido a dos sentencias emitidas por tribunales del Distrito Nacional. Estas sentencias son resultado de casos de presunta mala práctica médica en contra de las pacientes Angelina María Hernández y Milagros del Socorro Alba F.

Por otro lado, el día anterior se dio a conocer una condena de un mes de prisión y el pago de una indemnización de dos millones de pesos impuesta por la jueza de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, Clara Luz Almonte. Esta sentencia dirigida al cirujano plástico Asmin Aquino Rodríguez y al Centro de Cirugías Plásticas y Especialidades (CECIP). Ambos se hallaron culpables de mala práctica médica en respuesta a una demanda presentada por la señora Sulandy Altagracia Crucet.