El texto con los cambios a la ley de «Bases» incluye mantener el ajuste trimestral a los jubilados en marzo, respetando la fórmula actual, pero con actualización automática por inflación mensual a partir de abril; reduce además el plazo de las delegaciones legislativas a un año; elimina a YPF de la lista de empresas sujetas a privatización, a la vez que se establece la quita de retenciones sólo a las economías regionales, entre otros puntos.

De acuerdo con el borrador al que tuvo acceso Télam, «el Gobierno va a cumplir con el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual» y «a partir de abril, comienza una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del Indec. Así se les garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo», se añadió.

Se trata de las devoluciones a las modificaciones que solicitó una parte de la oposición a la ley «Bases» enviada por el Poder Ejecutivo, que pasó de 664 artículos a 523, es decir que se eliminaron más de 100 artículos.

Entre otras cuestiones, «se modificaron algunos aspectos vinculados a la estructura y redacción del proyecto a los fines de mejorar la técnica legislativa y favorecer su lectura».

En esa línea, se eliminó la emergencia en materia social y de defensa y se redujo el plazo de las delegaciones legislativas a un año, con la posibilidad de prorrogar por un año más con aprobación del Congreso.

En cuanto a las privatizaciones, se eliminó del listado de empresas sujetas a privatización a la petrolera YPF, en tanto que para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.

En cuanto a la fórmula de movilidad, «se va a mantener el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual y a partir de abril, comienza una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del Indec».

Por otro lado, se establece la eliminación de las jubilaciones de privilegio para presidente y vice que se aplicará desde 2027.

Sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el oficialismo propone que los activos del FGS se transfieran al Tesoro Nacional y fija que para poder vender esas acciones haya un dictamen previo favorable emitido por la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones.

En cuanto al área de cultura, el Incaa va a seguir recibiendo un monto indeterminado de recursos de manera automática, en tanto del Fondo nacional de las Artes, el 70 por ciento de los recursos son gastos administrativos y se garantiza que no se propicia su cierre, sino que se buscan mecanismos favorables a los artistas.

Entre ellos, se busca que los directores deberán ser ad-honorem y los gastos no pueden representar más del 20 por ciento.

En cuanto al Instituto de la Música y Bibliotecas Populares, «se restringen gastos, los cuáles no deben ser mayores al 20% de sus ingresos, en tanto que el Instituto del Teatro será absorbida por la Secretaria de Cultura y los fondos no se verán afectados».

En cuanto a los derechos de exportación, «se establecen en 0 por ciento para las economías regionales, a la vez que se elimina la facultad del Poder Ejecutivo de poder subir esos derechos, en tanto que se mantiene únicamente la facultad de poder reducirlas».

En torno a la pesca, el proyecto original no modificaba la exclusividad de los navíos argentinos para la actividad pesquera, por lo que esa palabra fue removida en esta versión para clarificar esa confusión, mientras que se mantiene la obligación de descargar en puerto y de contar con tripulación argentina.

Fuente: Télam