La organización afirmó que siendo este el único centro de salud público en el que se puede realizar la interrupción de un embarazo, no se garantiza el derecho avalado por la ley 27.610, “y en cambio deriva sistemáticamente a las personas a un consultorio de atención primaria”.

“En los casos en que las mujeres requieren internación para acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo deben trasladarse más de 200 kilómetros, hasta Ushuaia, único hospital de la provincia que garantizaría la práctica”, precisó Amnistía a través de un comunicado.

Asimismo, el organismo hizo hincapié en que esta situación pone en evidencia la desigualdad que existe en cuanto al acceso a la salud sexual y reproductiva en nuestro país, ya que las mujeres “que viven en centros urbanos alejados de las capitales provinciales aún no pueden acceder al aborto por la falta de disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva y de personal capacitado”.

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, sostuvo que «la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo viene a dar respuesta a un problema de salud pública”.

“La persistencia de barreras demuestra que para que aquella conquista sea una realidad es prioritario y urgente la adopción de políticas que garanticen la accesibilidad de la prestación en todos los rincones del país” agregó Belsky.

Según la ley, el sector público y el privado tienen el deber de garantizar el acceso al aborto de forma segura y gratuita en un plazo de diez días. La objeción de conciencia invocada por profesionales de ninguna manera exime a los establecimientos de sus obligaciones.

Durante junio, Amnistía Internacional envió pedidos de acceso a la información pública a todos los ministerios de salud del país, incluido el de Tierra del Fuego, requiriendo datos sobre las medidas adoptadas para garantizar el acceso al aborto, “dicha presentación fue reiterada hoy junto a una solicitud de reunión con las autoridades sanitarias locales, responsables de garantizar el acceso a ese derecho”.

Fuente: Télam