Sahade fue denunciado por la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Río Grande, luego de tomar conocimiento de intercambios telefónicos que lo comprometen.

Los camaristas Federico Vilella, Jorge Luis Jofré y Julián De Martino accedieron a la pericia sobre un teléfono celular de donde surgen mensajes entre Sahade y una abogada local, María Angélica Naveas Lagos, a propósito de causas judiciales en trámite ante el juzgado.

“Amigo, me tenés abandonada. No sé si es por mi deuda o qué. Tengo paradas todas las causas penales en tu juzgado. Ninguna salió. Nada. Me quiero matar. Mis clientes me colgaron. Todos. Hasta no ver algo. Auxilio. Sino no te voy a poder pagar. Te voy a tener que pagar en género. Porfi, amigo. No abandones a tu amiga”, escribió la abogada en uno de los mensajes, según el informe pericial al que accedió Télam.

Por su parte el juez le contestó al minuto siguiente que “nunca te soltaría. Menos por plata”.

A su vez, en otra secuencia de mensajes del 19 de noviembre de 2019 entre las 8.57 y las 9.47, Naveas Lagos le pidió a Sahade por una causa en particular, y el juez le respondió que “te conseguí un modelo” para que presentara en el expediente y de esta forma obtuviera el dictado de una “probation” o “suspensión del juicio a prueba”.

“Metelo independientemente de (lo que diga) la fiscal. Modificalo con tus palabras. Eso lo presentás en Ejecución. Y después me presentás en mi causa copia de la presentación, con el recibido, haciéndome saber la petición de probation”, sostuvo el juez en uno de los chats.

Las sospechas sobre el accionar del magistrado de instrucción surgieron a partir de una causa donde se investiga a Naveas Lagos por el presunto cobro indebido de honorarios a un cliente suyo, que fue condenado por “homicidio culposo” a raíz de su participación en un accidente de tránsito, explicaron las fuentes judiciales consultadas.

En esa causa intervino el juez de instrucción Nº2 riograndense, Daniel Cesari Hernández, quien ordenó allanar la vivienda de la abogada imputada y el secuestro de su teléfono celular.

Cesari Hernández dispuso una pericia sobre ese teléfono secuestrado, y de allí surgió que Naveas Lagos (acusada en la causa) no solo mantenía contacto con su cliente, sino que además intercambiaba mensajes de contenido polémico con el juez Sahade.

En la faz penal, el fiscal Guillermo Quadrini imputó formalmente al juez del presunto delito de “cohecho”, mientras que Cesari Hernández allanó el juzgado de su colega, le secuestró el teléfono y la computadora y dispuso que sean peritados, además de ordenar el análisis de sus cuentas bancarias.

Por su parte en el Consejo de la Magistratura, el fiscal acusador José Rodas dictaminó a favor de desestimar el jury hasta tanto haya una definición en la causa penal, aunque la postura fue objetada por el consejero y Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, lo que volvió a postergar una definición del asunto hasta la próxima sesión del organismo, confirmaron los voceros judiciales.

Fuente: Télam