La norma establece que cualquier habitante de la isla, con el solo requisito de la residencia comprobada, tendrá acceso a un “servicio básico de sepelio” consistente en “el retiro del occiso del hospital o clínica, la provisión de un ataúd, servicio de sala velatoria, los trámites para la inhumación y el traslado al cementerio”.

Para solventar el servicio, la ley crea un fondo al que aportarán en forma obligatoria todos los usuarios de energía eléctrica, a través de un adicional por medidor equivalente a “seis litros de nafta Infinia”, lo que a valores actuales implica unos 720 pesos mensuales.

Además, la normativa adjudica en forma directa las prestaciones a la Cooperativa Eléctrica de la ciudad de Río Grande, que recibirá toda la recaudación del fondo, podrá subcontratar a empresas fúnebres en Ushuaia y se quedará con el excedente que surja entre el costo del servicio y el importe recaudado.

La Cámara de Comercio de Ushuaia emitió un comunicado sobre el tema en el que expuso que la ley “atenta contra el interés del sector privado y de la comunidad toda” y se convierte en una norma “inexplicable, inentendible, injustificable y por sobre todo inconstitucional”.

Según el organismo, la norma crea un servicio de sepelio público pero en lugar de brindarlo el Estado se lo adjudica a “una persona jurídica de derecho privado”, con lo que también fomenta “un monopolio al decidir arbitrariamente que un solo actor va a ser el prestador” sin haber llamado a una licitación a los demás actores del rubro y “le quita al ciudadano la posibilidad de elegir libremente”, afirma el comunicado.