Los miembros del comité, un órgano creado por ley nacional en 2017 y que funciona bajo la órbita del Poder Legislativo, mantuvieron una serie de reuniones con autoridades de los tres poderes fueguinos, a la vez que relevaron el funcionamiento de la estructura penitenciaria local con el objeto de elevar un informe con recomendaciones.

“Llegamos el lunes y a partir de allí inspeccionamos cárceles y comisarías de las ciudades de Ushuaia y Río Grande. También nos reunimos con funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, con legisladores, jueces de Ejecución penal y defensores públicos”, explicó a Télam Josefina Ignacio, una de las comisionadas del comité.

Según Ignacio, se trató de una “agenda cargada” pero que “nos permitió tomar dimensión de la realidad de la provincia”.

Por su parte otra de las comisionadas, Rocío Alconada Alfonsín, consideró que la visita sirvió para avanzar en la “pronta implementación” del mecanismo local de prevención de la tortura.

“Es lo que propiciamos en todo el país y lo que establece la ley para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por Argentina. Por suerte encontramos mucha gente interesada en que ello ocurra”, sostuvo Alconada Alfonsín.

En relación a la situación penitenciaria de Tierra del Fuego, Ignacio explicó que, por las singularidades del distrito, con una población carcelaria reducida en relación a otras jurisdicciones, “estimamos que podremos trabajar en mejorar en poco tiempo las condiciones de alojamiento”, señaló.

En tanto Alconada Alfonsín explicó que los datos recolectados durante las visitas a las cárceles serán “procesados” y volcados en un informe que “primero será puesto en conocimiento de las autoridades”, afirmó.

La delegación nacional también estuvo integrada por el presidente del CNPT, el misionero Juan Irrazabal, y por otros comisionados y funcionarios.

Fuente: Télam