La sesión de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires celebrada hoy resultó en la aprobación del proyecto de ley que declara la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas. Esta iniciativa, impulsada por la diputada Patricia Cubría, recibió el respaldo mayoritario del cuerpo legislativo, dirigido por Alejandro Dichiara.

El proyecto suspende la ejecución de sentencias de desalojo y los cortes de servicios públicos, al tiempo que proporciona asistencia económica y facilidades financieras para las empresas recuperadas que se han visto afectadas por crisis económicas. Tras un extenso debate durante la semana, el proyecto obtuvo dictamen mayoritario en el plenario de comisiones, con la participación de las comisiones de Asuntos Cooperativos y Vivienda, Legislación General, y Asuntos Constitucionales y Justicia, presididas por los diputados Fernanda Antonijevic, Héctor Rubén Eslaisman y Susana González, respectivamente.

Las discrepancias entre el oficialismo y la oposición surgieron principalmente en torno a la duración de la emergencia económica y social propuesta. Mientras que Unión por la Patria planteó una extensión por 2 años con una prórroga adicional de 1 año, el PRO y la UCR presentaron un despacho en minoría proponiendo una prórroga de solo 1 año más, seguida de otra extensión como hasta el momento.

Durante la sesión, Rita Sallaberry, diputada del PRO, destacó las diferencias mantenidas con el oficialismo respecto a la duración de la prórroga, subrayando el deseo de la oposición de contribuir de manera constructiva al debate. Por su parte, Guillermo Castello, diputado del bloque Libre, criticó la propuesta argumentando que «discrimina a las empresas» y «viola los derechos de propiedad». Además, expresó su preocupación por las posibles consecuencias negativas de las medidas en cuestión, concluyendo con un voto negativo.