Las organizaciones civiles en pro de la seguridad vial en la Ciudad de México han expresado su preocupación por el retraso de 18 meses en la homologación de la normativa local con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial federal, la cual tiene como objetivo reducir las muertes y los incidentes de tránsito.

Coalición Movilidad Segura, Bicitekas, El Poder del Consumidor, Automex, México Previene A.C. y Salud Justa han denunciado que, a pesar de que la Ley General entró en vigor desde mayo de 2022 y las entidades tenían 90 días para armonizarla, la capital no ha cumplido con este proceso y actualmente solo quedan seis sesiones activas del Congreso local para hacerlo.

«El plazo inicial era noviembre de 2022. Se nos está acabando el tiempo, no podemos seguir tratando este tema pendiente como algo que no es urgente, como algo que no está costando vidas», reprochó Areli Carreón, miembro de Bicitekas y exalcaldesa de la bicicleta en la Ciudad de México, durante una conferencia.

Ley

Las organizaciones destacaron que 16 estados del país ya han homologado su normativa. Los primeros en hacerlo, en menos de un año desde la aprobación de la ley, fueron Aguascalientes, Jalisco, Nayarit y Yucatán, y a ellos se han sumado Puebla, Colima, Durango, Michoacán, Tamaulipas, Quintana Roo, entre otros.

En contraste, la Ciudad de México y otras entidades que forman parte de la Zona Metropolitana, como el Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Morelos, aún no han avalado el dictamen para que entre en vigor.

Los activistas afirmaron que durante ese período han participado en foros y han entregado propuestas a las autoridades.

«Siempre se pone a la Ciudad de México como ejemplo en temas de innovación, derechos, pero en movilidad no parece importarle ser una entidad que marque y dé ejemplo. No entendemos por qué las autoridades no nos han dado sus puntos de vista, qué es lo que no les gusta del dictamen», señaló Carreón.

La Ley General de Movilidad y Seguridad consta de 50 páginas que hablan sobre las acciones y obligaciones de las tres autoridades de gobierno (federal, estatal y municipal), metodología para infraestructura peatonal, ciclistas y automotores, accesibilidad, uso del espacio público y transporte para personas con discapacidad, diseño en programas, entornos y servicios de movilidad. Entre las medidas indicadas en la Ley General está la restricción de la velocidad. Por ejemplo, en vías secundarias y terciarias, debe ser de 30 kilómetros por hora, pero el Reglamento de Tránsito local permite 40 kilómetros por hora. La Ley General también plantea que, para obtener una licencia de conducción, los aspirantes aprueben un examen de conocimientos teóricos y prácticos. Para los automovilistas de la Ciudad de México basta con presentar su documentación y hacer el pago correspondiente para obtener la licencia.

Propuestas

Las organizaciones entregaron propuestas como la disminución de la velocidad a 20 km/h en zonas escolares y hospitalarias. Urge reforzar el tránsito seguro y los controles de velocidad y alcoholímetro. Se exige la armonización de la ley local con la federal y la implementación de tecnología para detectar infracciones. Se propone prohibir el consumo de alcohol para conductores nuevos durante su primer año. También se sugiere el uso obligatorio de dispositivos de seguridad infantil. Es necesario crear políticas públicas para mejorar la seguridad vial y la seguridad de los vehículos.

Según la Semovi, la capital registró, en 2023, 21 mil 209 incidentes viales en los que estuvieron involucrados peatones, motociclistas, pasajeros, conductores y ciclistas, de los cuales 91 murieron.