El Ministerio del Agro y la Producción misionero informó que en total la provincia cuenta con unas 18.208 hectáreas certificadas bajo el esquema de agricultura sostenible, un 6,5 por ciento más que en el año 2019 y abarcando 34 grupos de certificación, que nuclean a 1.034 trabajadores directos y a 833 productores.

De estos grupos, 10 pertenecen a las principales empresas exportadoras, representando el 47 por ciento del total de la superficie certificada.

En la actualidad, se destacó en el informe, el mercado internacional exige «que el producto provenga de un origen sostenible y certificado, lo que implica el cumplimiento de criterios en las chacras y a lo largo de la cadena de suministro».

Que una chacra esté certificada con el estándar de Rainforest Alliance significa que cumple con normas de producción sustentable, con responsabilidad social, ambiental y económica.

A su vez, significa que las prácticas que allí se realizan están orientadas a proteger y conservar los ecosistemas naturales, identificando y protegiendo áreas de alto valor para la conservación, reduciendo la erosión del suelo para hacer eficiente el uso del agua en los procesos productivos y cuidando las fuentes de agua como arroyos y vertientes, evitando su contaminación.

También, la incorporación de esta norma establece la implementación de manejo integrado de plagas, la utilización estrictamente de productos fitosanitarios permitidos, el análisis de calidad de aguas residuales y la realización de estudios de impacto ambiental para conversiones considerables de la tierra o nuevas infraestructuras.

Además, mediante auditorias se comprueba que los establecimientos cumplan con la normativa vigente que regulan que no haya trabajo forzado, que se paguen los salarios establecidos legalmente, que haya libertad de asociación y negociación colectiva, y que los establecimientos no cuentan con trabajo infantil.

También deben desarrollar e implementar planes de salud y seguridad ocupacional, utilizar equipos de protección personal, que los empleados reciban capacitación en riesgos relacionados con fitosanitario para quienes los manipulan y evitar tareas riesgosas para mujeres embarazadas y en lactancia.

A su vez, desde el punto de vista social, la certificación en grupo implica una oportunidad para que los productores trabajen de forma asociativa entre ellos, accediendo a mercados cada vez más exigentes que de manera individual serían difíciles de alcanzar.

Fuente: Télam