El Tribunal de Impugnaciones de San Luis cuenta con 10 días para resolver la apelación presentada por la fiscalía para que se haga lugar al desalojo del grupo de ambientalistas que acampan en el Acueducto Vulpiani de Juana Koslay, señalados por la Fiscalía de Estado de la provincia por el delito de “usurpación”.

De acuerdo al artículo 286 del Código Procesal Penal, los jueces tienen hasta 10 días como plazo máximo para emitir su resolución, tras escuchar ayer en audiencia a las partes involucradas ante el pedido de la fiscal, María del Valle Duran, para que se revoque la resolución del Juzgado de Garantías N° 3.

Según informaron fuentes judiciales, la postura de la Fiscalía Nº 4 fue la de aclarar que “la situación ambiental no es una cuestión que se haya tratado o pretendido dilucidar en la presente causa”, sino la posible comisión de “delitos penales” que los representantes de Fiscalía de Estado caracterizaron como el delito de “usurpación”.

Ante este panorama, Durán explicó al Tribunal de Impugnaciones que el 4 de julio, la Unidad de Abordaje Fiscal recibió una denuncia realizada por Sergio Finelli, gerente de la empresa constructora a cargo de la obra, en la que informaba que un grupo de personas había colocado cubiertas y alambres de púa en el predio e impedían el paso de los trabajadores.

En la denuncia, Finelli solicitaba, además, que los manifestantes se retirasen del lugar y que se deslindase cualquier responsabilidad por los accidentes que pudiesen ocurrir, “debido a que en el lugar se trabaja con maquinaria pesada y los ambientalistas invaden el espacio de la obra señalizada”.

La fiscal argumentó que “sin intención de inmiscuirse en el fondo de la cuestión ambiental por exceder la competencia”, libró oficio a la Comisaría Quinta para que se constituya en el lugar, identifique a las personas y se los intime, en forma pacífica, a permitir el libre tránsito de personas y vehículos.

Durán afirmó que, aunque “se reconocen las garantías que todo ciudadano tiene de manifestarse, pero las acciones no deben vulnerar el derecho de terceros», a fin de «evitar que se cometan delitos como obstruir el tránsito, turbar la posesión o cualquier otro perjuicio que suelen acontecer en las manifestaciones”.

Dada la negativa de los ambientalistas de abandonar el lugar y de ser identificados por la policía, la fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías N° 3 que se dicte la medida cautelar de desalojo y ante el rechazo de la solicitud, el Ministerio Público Fiscal interpuso el recurso de apelación que fue debatido ayer en la audiencia.

La fiscal aclaró no desconocer “la situación ambiental” por haber sido asesora del ministerio de Medio Ambiente y haber realizado la capacitación sobre la Ley Yolandam pero explicó que “esa no es la cuestión que hoy se discute, sino la posible comisión de delitos penales”.

En representación de Fiscalía de Estado, Jennifer Corvalán, dijo que adherían a lo expresado por la fiscal Durán y agregó que es “fundamental recordar que la propiedad es del estado provincial”.

“Si una empresa está a cargo de una obra y unos manifestantes ocupan y, en cierta manera nos quita la posesión o tenencia del predio, estamos hablando de un delito de usurpación”, dijo la abogada.

En defensa de la asamblea ciudadana por el Vulpiani, Gustavo Quiroga aseguró que “el patrimonio cultural de la provincia está en riesgo” y que hubiera sido “una gran noticia que fiscalía invirtiera la cuestión”, ya que hay acuerdo respecto a la necesidad de «cuidar el ambiente”.

Resaltó que en la evaluación de impacto ambiental presentada por la empresa constructora Serving S.R.L. se menciona “el uso de glifosato para los desmontes y se especifica que se va a destruir bosque nativo”.

Parafraseando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se explicó que “ninguna evaluación de impacto ambiental puede ser condicionada».

«O se aprueba o no se aprueba; no se puede decir se aprueba y vamos a ver qué hace la empresa o cómo hace la reparación, eso no existe”, dijo al respecto.

Quiroga resaltó la «gran oportunidad» que representa esta situación «para generar una nueva institucionalidad ambiental en la provincia, ya que se trata del primer caso ambiental en la provincia” y pidió la aplicación del Acuerdo de Escazú.

El proyecto en el parque Vulpiani, anunciado el 12 de abril por el gobernador Alberto Rodríguez Saá, incluye la ejecución sobre 12 hectáreas, de edificios con locales comerciales y oficinas; nexo y red de agua potable, energía eléctrica, gas natural, cloacas y fibra óptica; nueva red vial, puente vehicular peatonal nuevo, senderos peatonales y un teatro al aire libre para más de 100 personas; mientras que los asambleístas han presentado un proyecto de Reserva natural municipal al intendente de Juana Koslay, Jorge Videla.

Fuente: Télam.