Se reveló que en los próximos días se llevará a cabo la baja de 70 mil contratos de empleados públicos, los cuales no serán renovados a partir del 31 de marzo.

Este anuncio genera preocupación y debate en todo el país, ya que la reducción de contratos afectará a una considerable cantidad de trabajadores. Se estima que alrededor de 20 mil empleados se verán directamente impactados, ya que sus acuerdos laborales vencerán a fin de mes, quedando así fuera del sistema estatal.

El Presidente, al abordar este tema en el foro, explicó que esta medida forma parte de un proceso de ajuste fiscal que el Gobierno ha estado implementando desde su llegada a la Casa Rosada, con el objetivo de alcanzar un déficit cero en las cuentas públicas. Milei destacó: «Eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, también echamos 50.000 empleados públicos, no solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos».

Asimismo, el mandatario enfatizó que estas medidas de austeridad no han descuidado la política social. Se han realizado ajustes significativos, como la eliminación de 200.000 programas sociales entregados de manera irregular. Sin embargo, se han implementado aumentos y extensiones en programas clave, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la tarjeta alimentaria, demostrando un compromiso continuo con la asistencia a los sectores más vulnerables de la sociedad.

El discurso del Presidente también incluyó un análisis crítico de la situación económica heredada del gobierno anterior, describiendo un panorama de déficit gemelos alarmante que requería una acción inmediata. Milei destacó: «Siempre estuvimos preparados para recibir esta papa caliente, y eso lo pueden ver, porque si no hubiéramos tomado medidas rápidas ya habríamos volado por los aires varias veces».

Este anuncio de la eliminación masiva de contratos de empleados públicos ha generado reacciones mixtas en la sociedad argentina, con algunos sectores expresando preocupación por el impacto social y económico que podría tener en las familias afectadas. Sin embargo, el Gobierno sostiene que estas medidas son necesarias para garantizar la estabilidad económica a largo plazo y avanzar hacia un futuro más sostenible para el país.

Foto: NA – Juan Vargas