Las 400.000 hectáreas que el Estado salteño fue obligado a reconocer por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como propiedad de cinco pueblos originarios en el norte de esa provincia siguen siendo «un territorio sin derechos», donde, a tres años del fallo, persisten los «atropellos» de los criollos, que impiden a las comunidades «acceder al agua potable» y preservar sus alimentos, sus medicinas y su identidad cultural.

Así fue relatado en una entrevista con Télam por Cristina Pérez, , una asociación que nuclea a cinco pueblos originarios de Salta que en 2020 logró una histórica conquista: que la CIDH le ordenara al Estado argentino otorgar un título de propiedad comunitaria de 400.000 hectáreas y lo condenara por violar los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación, al agua y a la identidad cultural.

«Seguimos esperando que Salta cumpla con todo lo que dice el fallo, pero cuanto más se demora más crecen los conflictos», expresó Cristina con voz pausada y signos de cansancio de una lucha de décadas que absorbió de niña junto a su padre -ya fallecido-, el histórico dirigente wichí, Francisco Pérez.

Los problemas -contó- empiezan por los alambrados, que «encierran al monte» y a sus riquezas («la miel, el algarrobo, el pescado y las hierbas» para la medicina ancestral) y perjudican a las comunidades toba, chorote, tapiete, wichí y chulupí de la localidad Santa Victoria Este, del departamento salteño Rivadavia, que limita con Paraguay y Bolivia.

Es decir, como explican las leyes internacionales, las etnias quedan despojadas de «su forma de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de su estrecha relación con sus territorios y sus recursos, no sólo por ser su principal medio de subsistencia, sino además porque se trata de un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural».

La otra cara del problema es, a su vez, la falta de alambrados que delimiten y restrinjan el avance del ganado de los criollos sobre el territorio ancestral.

«Perdimos la mitad de las medicinas ancestrales porque las vacas arrancan las plantas de raíz y después ya no crecen», lamentó Pérez y advirtió que a eso se agrega la contaminación del agua y los accidentes causados por los animales.

Para la líder de Lhaka Honhat («Nuestra Tierra»), «el problema es la demora del Estado» porque «cuando hay más demora, hay más conflicto y los animales sueltos son un conflicto de todos los días».

La lucha para que el Estado de Salta delimitara y entregara un único título de propiedad comunitaria a los cinco pueblos originarios por las 400.000 hectáreas habitadas ancestralmente en el norte provincial se inició tres décadas antes de que naciera Cristina Pérez, hoy de 33 años.

Recién en 1998 los pueblos nativos acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el patrocinio del CELS, e iniciaron un diálogo con las familias criollas (mestizas, que combinan sangre india y descendencia de europeos afincados en el norte argentino) por las tierras del departamento salteño Rivadavia.

Pese a haber llegado a un acuerdo en el 2007, por el cual Salta debía reconocer la propiedad, tanto en manos de pueblos originarios, como de criollos, y haber obtenido trece años después un fallo en igual sentido por parte de la CIDH, todavía, en el 2023, «no se lograron los avances necesarios» que materialicen el mandato de la corte internacional.

«El Gobierno de la provincia no entiende que tenemos nuestra forma de organizarnos, de alimentarnos, de sanarnos; tenemos que ser parte de la toma de decisiones, ser parte de una mesa donde seamos escuchados», planteó Pérez, quien, sin embargo, resaltó el «buen diálogo» con el Gobierno nacional, a través del jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos y titular de la Unidad Ejecutora de la sentencia Lhaka Honhat, Nicolás Rapetti.

Sin delimitación efectiva siguen ocurriendo «usurpaciones» por parte de «nuevos criollos que ocupan el territorio ancestral y hacen tala indiscriminada de palo santo y quebracho blanco» en el departamento salteño Rivadavia, advirtió la dirigente wichí.

Aunque las comunidades denuncian estos hechos ante la policía y ante la provincia, «nunca llegan las acciones del Estado», que hasta ahora -según detalló Pérez- tampoco pudo solucionar la falta de agua potable en el territorio, la indocumentación y el acceso a la educación de muchos jóvenes indígenas.

Esas 400.000 hectáreas del norte salteño albergan a unas 15.000 personas de los cinco pueblos originarios, que, en su mayoría, son niños y adolescentes porque -como explicó Pérez- «las familias están compuestas por 14 o 15 hijos».

Para la líder de Lhaka Honhat, «es necesario avanzar en una educación intercultural, con personas bilingües que puedan explicar en el territorio por qué es importante vacunar a los niños», pero que a la vez «puedan transmitir (hacia afuera) por qué las comunidades necesitan sus propios alimentos y no bolsones de comida», que no forman parte de su dieta y tampoco alcanzan.

Los habitantes criollos, en tanto, son apenas unas 500 familias, que padecen al igual que los pueblos originarios la falta de agua potable.

Muchos de los pozos de la región, construidos en la década del 90, «fueron mal hechos y sólo extraen agua salada; otros no tienen mantenimiento y ya no funcionan» y el reparto de agua potable «es irregular e ineficiente» porque las comunidades no tienen recipientes de gran volumen para conservarla.

En un virtual círculo vicioso, las aguadas del chaco salteño están contaminadas por los animales y los criollos no terminan de abandonar el territorio ancestral porque no pueden mudarse a otro lugar sin agua.

«Las vacas contaminan las aguadas, que es donde toman agua nuestros niños porque los pozos sólo dan agua salada, entonces aparecen las diarreas y la desnutrición», graficó Pérez, para quien la solución está en manos del Gobierno, que «debe hacer su trabajo de controlar».

Pasaron muchas décadas de una lucha que Cristina Pérez aprendió y heredó de su padre y aunque todavía los reclamos de las comunidades no están saldados, la dirigente confió en que «algún día» las sociedades comprenderán que el camino es la «interculturalidad», que a grandes rasgos se trata de «reconocer y entender la historia» de los pueblos que habitaron y protegieron las tierras mucho antes de la llegada de los colonizadores.

Fuente: Télam