Una mujer declaró ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán sobre el secuestro y tortura que sufrió su esposo, trabajador de un ingenio, en el juicio de lesa humanidad denominado «Jefatura III», que abarca a crímenes perpetrados en perjuicio de 237 víctimas durante el Operativo Independencia y la dictadura militar instaurada el 24 de marzo de 1976.

El TOF de Tucumán, integrado por Noel Costa, Jorge Basbus y Juan Carlos Reynaga, escuchó a testigos familiares de víctimas de trabajadores del ingenio San Juan, ubicado al este de la provincia.

María Elena Bustos, de 71 años, vivía en el predio del ingenio con su marido Antonio Casimiro Lezcano quien trabajaba como sereno del lugar en 1976.

La mujer recordó que Lezcano militaba en el peronismo y formaba parte del sindicato junto con su hermano y sostuvo que «andaban por todos lados ayudando a la gente que necesitada».

La testigo relató que el 4 de mayo de ese año, un grupo de personas llegaron a su casa y «empezaron a llamarlo (a Lezcano), era de madrugada, estábamos durmiendo. Les pedimos que esperen que nos estábamos vistiendo».

La mujer contó que de un momento a otro «entraron, estaban encapuchados, rompieron todo y nos golpearon» y dijo que: «Yo estaba embarazada de mi hija, me golpearon, me pidieron que arrodille y que cuente hasta cien. No podía ni hablar, tenía mucho miedo».

«A mi esposo también lo golpearon y se lo llevaron, lo metieron en un auto. Con mi suegra, que vivía cerca de mi casa salimos a buscarlo, fuimos a la comisaría más cercana, pero nadie sabía nada. No estaba en ninguna parte», relató.

En noviembre, «lo largaron en un parque con un compañero que le decían Zorrilla, estaba con los ojos vendados, las manos atadas y muy golpeado. Unos compañeros lo llevaron al hospital donde lo atendieron».

«Estaba muy mal, muy golpeado y muy flaquito, fue horrible», lamentó la mujer y señaló que con el tiempo «me dijo que se le había caído la venda y que pudo ver que estuvo primero en Jefatura y después lo trasladaron a Arsenales. En los dos lugares lo torturaron y golpearon mucho».

Después que Antonio fue liberado, María Elena y su esposo fueron despedidos de sus lugares de trabajo «nos llegó una carta de despido, yo trabajaba en el hospital con los enfermos. A mi hermano mellizo también lo despidieron. Nos hicieron muchas injusticias».

Lezcano indicó, además, que muchos trabajadores del ingenio fueron secuestrados durante esa época, como Miguel Tulla, «Bombolorio» y dos hermanos de apellido Santillán.

Otra de las testigos que prestó declaración durante la audiencia fue Manuela Dora Trejo.

Trejo y su esposo, Ramón Alfredo Zárate, también vivían en el ingenio San Juan, donde él trabajaba, cuando el 3 de mayo de 1976 fue secuestrado por un grupo de tareas.

«Era la madrugada, estábamos durmiendo, mi esposo y mis tres hijos que eran muy chiquitos. Tres o cuatro tipos entraron a nuestra casa, yo agarré a mis hijos porque tenía miedo que les hagan algo», contó y dijo que «uno de los tipos me tiró contra la cama y después agarró una bolsa de azúcar que estaba guardada y me la tiró como si fuera arena».

Además, relató que «a mi marido se lo llevaron con los ojos vendados. No supe donde. Entonces yo agarré a mis hijos y nos fuimos a la casa de mi suegra que estaba cerca. Las dos fuimos a la comisaria de la zona pero no sabían nada».

La mujer no volvió a tener noticias de su esposo, hasta que les informaron a sus hijas que habían encontrado sus restos en la fosa de inhumación clandestina conocida como el Pozo de Vargas.

Días después, el 28 de mayo de 1976, fue secuestrado Juan Carlos «Fierrito» Trejo, hermano de Manuela, y dijo que «a él se lo llevaron dos veces, la primera vez lo liberaron, pero la segunda vez no volvimos a saber de él».

La testigo contó que del ingenio se llevaron entre 13 y 14 personas, algunas de ellas continúan desaparecidas.

Este es el decimoquinto debate por delitos de lesa humanidad en la provincia y durante su desarrollo el tribunal integrado por Noel Costa, Jorge Basbus y Juan Carlos Reynaga escuchará a más de 300 testigos, que brindarán testimonios sobre los delitos que se perpetraron en perjuicio de 237 víctimas.

En este juicio se juzga la responsabilidad de 27 acusados, entre los que se encuentran expolicías y exmilitares, por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1983 en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Jefatura de Policía de Tucumán y en instalaciones del Ingenio Nueva Baviera, que había cerrado sus puertas a la producción azucarera en 1966.

Fuente: Télam.