Se trata de una nueva metodología de participación ciudadana, en la cual las comunidades podrán aportar sus opiniones de manera previa a la evaluación de impacto ambiental.

Se define a la participación pública como la capacidad y posibilidad que tienen las personas y los grupos de influir en las decisiones que pueden afectar su calidad de vida.

En ese sentido, la participación como derecho y como instrumento, contribuye con los marcos de transparencia en la gestión pública y en la prevención de conflictos socioambientales.

Procedimiento

Según la secretaría, la presentación consiste en una presentación inicial, y junto con el Manifiesto de Impacto Ambiental, un Documento de Divulgación que deberá contener información expresada de forma clara, oportuna y comprensible, para que los interesados puedan hacer efectivo el derecho a participar de manera temprana en el proceso de toma de decisiones.

Este documento de divulgación como mínimo contendrá:

• Descripción del área de influencia y de las características físicas y técnicas del proyecto o actividad propuesta;
• Descripción de los impactos ambientales estimados del proyecto o actividad y, según corresponda, el impacto ambiental acumulativo;
• Descripción de las medidas previstas con relación a dichos impactos.-

Seguidamente, la autoridad correspondiente deberá poner el documento a disposición de la sociedad mediante su publicación y difusión en sitios web oficiales, por un período no menor a los 15 días hábiles.

La propuesta impulsada por el Gobierno Provincial, se encuentra en línea con los objetivos del desarrollo sostenible, en particular con el Nº 16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas” el cual plantea entre sus metas:

• Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas
• Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades
• Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales

Asimismo, la Ley General del Ambiente exige que las autoridades habiliten e institucionalicen procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente.