Se concretó la firma de convenios que fortalecen la protección integral a la Niñez

El Plan Gestión Solidaria (GESOL sigue siendo un ejemplo en planificación estratégica y gestión social.

Hoy, 27 años después, son estos principios fundantes los que continúan sosteniendo la política pública, enmarcados en los ejes Familia, Territorio y Organización.

Dando continuidad al trabajo que se viene realizando en materia de niñez, adolescencia y familia, se concretó la firma de los convenios con las localidades de Gobernador Gregores, Río Turbio y también la Comisión de Fomento Jaramillo y Fitz Roy; cuyo objetivo es el fortalecimiento familiar y consolidación de los sistemas de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Allí estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Social, Jorge Daniel Ferreyra; los intendentes de Río Turbio, Darío Menna; de Gobernador Gregores, Héctor Vidal; la presidenta de la Comisión de Fomento Jaramillo y Fitz Roy, Ana María Urricelqui; la secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Silvana Hevia; el secretario de Estado de Gestión Financiera, Claudio Vacca; la secretaria de Estado de Economía Social, Noelia Reynoso; la secretaria de Estado de Políticas de Desarrollo Local, Belén Torres; y también el subsecretario de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia, Luciano Achetoni.

Estas, son bases fundamentales desde la perspectiva de derechos, y las normas, que permiten generar programas particulares destinados a la atención integral de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Santa Cruz; destinados al fortalecimiento familiar, y a la atención especial a través de medidas de protección y a medidas de excepción.

En ese sentido el Programa para la Atención Integral de la Niñez y Adolescencia (PAINA), establece las acciones destinadas a la promoción, protección y restitución de derechos. En particular, aquellas coberturas que, por situaciones particulares, o por encontrarse con medidas de protección o excepción, o destinada a adolescentes infractores de la ley penal, requieren de una apoyatura técnica, financiera o de acompañamiento, para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

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