El presidente Javier Milei envió el miércoles último al Congreso la «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos«, popularizada como «Ley Ómnibus«. La misma contiene un sinfín de modificaciones estructurales de la legislación económica, política y social argentina.

El mote de Ley Ómnibus lo obtuvo por el tamaño de la nueva norma y por la cantidad de leyes y regulaciones que modifica. Como si se tratara de un largo micro repleto de nuevas leyes y normas, en los más variados campos. En total, la iniciativa consta de 183 páginas y 664 artículos.

«Con el espíritu de restituir el orden económico y social, basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, presentamos al Honorable Congreso de la Nación el adjunto proyecto de ley y manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación», publicó el gobierno en la plataforma X (ex Twitter).

Es decisión del Presidente Javier Milei liberar de las trabas del Estado opresor a las fuerzas productivas de nuestra Nación con el objetivo de comenzar a transitar el camino para volver a ser una potencia mundial. pic.twitter.com/tqxTGskPhG

— Oficina del Presidente Javier Milei (@OPEArg) December 27, 2023

Los principales puntos de la Ley Ómnibus

Entre los puntos más salientes, el proyecto exhorta al Congreso declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025, con posibilidad de prórroga hasta diciembre de 2027, cuando finaliza el mandato de Milei.

De esta forma, todo el poder político recaería sobre el Poder Ejecutivo de la Nación; es decir, sobre la presidencia. De manera casi irónica, el propio Congreso debe aprobar esta facultad.

Límites a la protesta, con penas de prisión

El proyecto modifica el Código Penal de la Nación con el fin de aplicar penas a las personas que sin «crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de uno (1) a tres (3) años y seis (6) meses».

«Si se impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o medios de transporte público portando un arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos (2) a cuatro (4) años de prisión, siempre que no constituyere un delito más severamente penado», continúa.

«Quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe», dice el articulado.

Cambios electorales y los aumentos jubilatorios

La iniciativa contiene un capítulo electoral donde se deroga las elecciones Primarias, Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), se modifica la Oficina Anticorrupción, cambia el régimen de partidos políticos, y la composición de la Cámara de Diputados.

Sobre el tema jubilatorio suspende el artículo 32 de la ley 24.241 que fijaba el sistema para aumentar el haber jubilatorio cada tres meses, y dice que el Poder Ejecutivo va a «establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de la Ley N° 24.241, teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica».

«Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos», agrega el texto del proyecto.

Privatización de empresas públicas

Uno de los puntos que plantea la ley es que declara sujeta a privatización las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado; entre ellas, figuran Aerolíneas Argentinas, Aysa, Banco Nación, YPF, y los medios públicos Canal 7, Radio Nacional y Télam.

En ese sentido señala que se «faculta al Poder Ejecutivo nacional a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada, que no le otorguen la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de tales entidades, para lo cual se aplicarán en lo pertinente los procedimientos previstos en el Capítulo II de la Ley N° 23.696».

Blanqueo de capitales y régimen tributario

En cuanto al capítulo impositivo, el proyecto contempla un blanqueo de capitales y una moratoria de las obligaciones tributarias y aduaneras y de los recursos de la seguridad social.

Además, propone cambios en el régimen tributario de Bienes Personales, fija las retenciones para el sector agropecuario, autoriza las importaciones de gas natural sin necesidad de pedir autorización, unifica los entes de Gas y Electricidad y cambia la ley de biocombustibles.

El espíritu de la Ley Ómnibus, según el Gobierno

Le Ley Ómnibus recibió una innumerable cantidad de críticas tanto por su contenido como por las formas. Sin embargo, desde el Gobierno confirmaron la iniciativa y buscarán su aprobación en el Congreso.

En forma previa y por la red social X, el Gobierno afirmó que la intención del proyecto es «restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, presentamos al Honorable Congreso de la Nación el adjunto proyecto de ley y manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación».

Finalmente, el Gobierno afirma que se promueven las reformas «en nombre de la Revolución de Mayo de 1810 y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos».