Mientras casi la totalidad de los integrantes de la Policía de Río Negro y el Servicio Penitenciario Provincial aceptaron la mejora salarial dispuesta por el gobierno de la provincia -con un incremento inmediato de $10.000 como mínimo- un grupo reducido mantiene las protestas en cuatro de las ciudades más grandes de Río Negro.

Como medida de protesta estos grupos montaron pequeños campamentos para hacer oír su reclamo. Ahora bien, ¿qué característica tienen en común? Son encabezados o tienen como interlocutores a distintos agentes que habrían sido echados de la Policía por faltas graves.

En la ciudad de Bariloche se dio un caso particular: cuando los representantes de la mayoría de los familiares de policías aceptó el aumento dispuesto y terminó las protestas, un grupo desconoció la decisión y mantuvo cortados los canales de diálogo. Fue entonces que se erigió en la figura de interlocutor Diego Francisco Navarro, un ex oficial inspector, ahora abogado.

Este ex uniformado habría sido cesanteado de la Policía el pasado 3 de Abril de 2019 por haber incurrido en la falta de abandono de servicio en junio de 2014.

En ese momento y argumentando el rechazo a la investigación, Navarro habría comenzado a presentarse únicamente al servicio en los horarios de guardia, sin recibir denuncias ni intervenciones.

Otro caso, similar accionar

Similar es la situación del ex cabo primero Miguel Ángel Morales, quien participa activamente de la protesta en Viedma. Morales habría sido declarado cesante en la Policía como consecuencia de la acumulación de sanciones.

El oficial habría acumulado arrestos por desobediencia simple a la orden de un superior, por dormirse estando de servicio e inasistencia al servicio, entre otros.

Por otra parte, otro de los referentes del reclamo en Viedma es un agente del Servicio Penitenciario Provincial que también habría sido sancionado por una falta grave. Se trata del agente Jorge Antonio Huenulef, que integró una lista de candidatos de un partido político cuando el Reglamento lo prohíbe expresamente.

Además, se le atribuye haber faltado sin justificación al servicio entre el 19 y 25 de junio de ese año, en coincidencia con la fecha de elecciones. El agente presentó un certificado médico, que habría sido rechazado por Recursos Humanos por carecer de datos necesarios.