El vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis, expresó que el dictamen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se declaró incompetente en la causa contra la Constitución provincial, «ratifica que este tema fue y es de los jujeños» y subrayó que «no hay inconstitucionalidad» en el proceso de reforma.

«Ahora es la Corte Suprema de Justicia de Jujuy el órgano que deberá atender una cuestión que es de los jujeños», explicó Bernis, según lo informado por la Casa de Gobierno.

Por otra parte, resaltó que la Constitución de la Provincia (aprobada y jurada el 20 de junio pasado en la Legislatura local), «reconoce y amplía derechos y garantías, aún para los sectores sociales y políticos que reclamaron en su contra».

«Es una Constitución moderna que el pueblo jujeño sabrá entenderla y valorarla con el tiempo», consideró y remarcó que «asegura igualdad, libertades, desarrollo y bienestar para todos».

Frente a esto, y a pesar de contar con una resolución de la Corte, «tal vez seguiremos escuchando chicanas y críticas de parte de quienes no quieren a Jujuy, sin embargo queda claro que el proceso de reforma se hizo como corresponde», estimó.

La Corte de la Nación se declaró incompetente en dos planteos contra la reforma de la Constitución de Jujuy, sancionada en junio de este año, al considerar que no corresponden a su competencia originaria.

En uno de los casos, organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos (Andhes), entre otras, promovieron una acción de amparo para que no se aplique el artículo 67, inciso 4 (referido a la protesta social), de la Constitución provincial reformada.

Las entidades mencionadas consideraron que esa norma violaba varios artículos de la Constitución Nacional y de tratados internacionales sobre Derechos Humanos.

En el otro caso, ciudadanos de San Salvador de Jujuy buscaron impugnar la reforma constitucional y solicitaron la nulidad del proceso, la inconstitucionalidad de la nueva Constitución provincial y una medida cautelar para suspender la aplicación de más de 50 artículos constitucionales.

Fuente: Télam