Varias ciudades de la provincia realizaron una marcha «por los derechos de niños, niñas y adolescentes», tras las denuncias por una muerte dudosa, abusos, maltratos y castigos en hogares de Gobernador Virasoro, y en reclamo al Poder Ejecutivo de «cambios urgentes para garantizar los derechos de menores de toda la provincia», dijeron los organizadores.

La manifestación más nutrida fue la que realizó anoche en Virasoro, y se replicó en horas de la tarde en la Capital provincial, Goya, Mercedes, Saladas y Curuzú Cuatiá, para reclamar justicia por las víctimas de los hogares investigados y por una ley integral para la protección de los derechos de la niñez.

La marcha provincial fue convocada por la Red por los Derechos de la Niñez, Adolescencias y Juventudes (REDNNAJ), en la que confluyen más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil, quiénes demandaron «explicaciones» al Ejecutivo provincial por los hechos denunciados.

Además, solicitaron «políticas públicas que garanticen la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en sus hogares y que la institucionalización sea el último recurso en situaciones de vulneración de derechos».

La movilización fue multitudinaria en la ciudad de Gobernador Virasoro, situada en el norte provincial, donde surgieron las denuncias por los hechos en los hogares «Rincón de Luz» y «María de Nazareth».

Por otra parte, integrantes del Comité Provincial de Evaluación, Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, se reunieron en Gobernador Virasoro, con quienes llevan adelante la investigación por la muerte dudosa de un menor en el Hogar Rincón de Luz.

Y en este marco, el órgano anunció que «seguirá con atención el avance de las investigaciones y será querellante en las causas».

«Es un tema complejo que debemos abordar con responsabilidad y con celeridad, hemos escuchado a todas las partes y no cabe duda que aquí lo que hubo durante mucho tiempo fue un sistema que hizo caso omiso a las denuncias, que lejos de ser atendidas fueron silenciadas», expresó el senador Martín Barrionuevo, integrante del Comité.

El Comité Provincial de Evaluación, Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, es un órgano conformado por integrado por representantes de los poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial y organizaciones de Derechos Humanos.

Fuente: Télam