La querella reafirmó la necesidad de “una nueva investigación que conduzca a los verdaderos responsables del crimen” de Cecilia Gisela Basaldúa, la ‘mochilera’ de 35 años que, según las conclusiones de la instrucción de la causa, fue abusada sexualmente y asesinada mediante asfixia en la localidad cordobesa de Capilla del Monte en abril del año pasado.

A mediados de abril último, la causa fue elevada a juicio, aún sin fecha, y de acuerdo a las manifestaciones de la abogada Daniela Pavón, una de las dos partes querellantes en el proceso, “de la investigación surge que no hay elementos suficientes que nos indique que Lucas Bustos es responsable” del femicidio, al referirse al albañil de 24 años que es el único detenido y acusado por el hecho.

Bustos está acusado por los delitos de «abuso sexual con acceso carnal, homicidio doblemente calificado por violencia de género y criminis causa», que contempla condena de prisión perpetua.

La letrada manifestó que se va a reunir con la Fiscalía de la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, que tendrá a cargo la acusación en el proceso de enjuiciamiento para comunicar que, junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que es también querellante, tomaron la decisión de “no acusar” a Bustos y pedir que se devuelvan las actuaciones a la fiscalía que corresponda para una nueva investigación.

“No podemos sostener una acusación que no cuenta con los elementos pruebas que se requiere en un proceso acusatorio”, aseveró Pavón.

Asimismo, dijo que siempre han «cuestionado la línea investigativa” que llevó la fiscal Paula Kelm y que “hay serias sospechas de encubrimiento sobre la actuación policial y otras responsabilidades que tendrían vinculaciones con una red de trata de personas con fines sexuales y el narcotráfico”.

A pesar de las presentaciones de oposición a la elevación a juicio y pedido de apertura de una nueva investigación, el expediente sigue su curso para el proceso de enjuiciamiento que podría realizarse antes de fin de año o los primeros meses del 2022 y con jurados populares, estimó la abogada.

“Nuestro desafío es también evitar que se imponga un jurado popular integrado por sectores patriarcales o vinculados a los encubridores”, añadió la letrada querellante por parte de la familia de la víctima.

El 5 de abril de 2020 fue vista por última vez y fue encontrada sin vida 20 días después, el 25 de abril, en una zona rural de Capilla del Monte, cercano a la ruta nacional 38 y a unos 500 metros del rio Calabalumba y en las proximidades de la vivienda del imputado Bustos.

Fuente: Télam