El fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, solicitó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que emita dictamen favorable a las cautelares que solicitan la suspensión de la aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), medida cuestionada por organizaciones de la sociedad civil.

«Se trata de una opinión que emite el fiscal general, no es más que una opinión y no afecta en nada la aplicación de la ley», explicó la abogada Rocío García Garro, coordinadora del área legal de Católicas por el Derecho a Decidir.

La opinión de Delgado «es muy cuestionada, porque el fiscal no tiene conocimientos al respecto y es un militante antiderechos, por eso más de 40 organizaciones cuestionamos su designación, pedimos su apartamiento, lo que no fue resuelto y aún así él se expidió, por eso es por demás irregular esta situación», añadió la profesional.

Las cautelares, rechazadas en primera instancia, fueron presentadas a principios de febrero por el exlegislador local del vecinalismo, Aurelio García Elorrio. titular de la asociación civil Portal de Belén.

Además, el Gobierno de Córdoba puso en marcha un programa, cumpliendo con la ley nacional 27.610 de IVE, que garantiza el derecho, brindando cobertura integral y gratuita.

Fuente: Télam